El vicepresidente de la Generalitat y coordinador de ERC, Pere Aragonès, ha afirmado anteayer que «los Borbones son una organización criminal» y, por si no fuera suficiente añadió que: «la monarquía solo puede ser corrupta por definición».
Conviene recordar que en 2013 la Audiencia Nacional condenó por mayoría de 14 votos contra cuatro a un coronel retirado por escribir que los Borbones eran «borrachos, puteros, idiotas y descerebrados» y que el rey actual era «el último representante» de esta «banda».
El voto minoritario se apoyaba básicamente en dos argumentos. El primero era que cuanto más arriba se está en la pirámide del poder mayor debe ser el control y el sometimiento a la crítica pública. Y el segundo consistía en que la condena disuade de este tipo de críticas en detrimento de la libertad de expresión que persigue la formación de una «opinión plural, informada y formada».
Comparto totalmente la opinión de que quienes ocupan las más altas instituciones del Estado tienen el deber de comportarse con la más exquisita ejemplaridad, lo cual implica que están sometidos al nivel más alto de crítica. Y coincido también en la importancia fundamental que tiene la libertad de expresión en una sociedad democrática. Pero discrepo del sentir de los integrantes del voto minoritario: las expresiones proferidas por el entonces condenado, lejos de suponer una crítica, eran verdaderas ofensas que no contribuían a la creación de una opinión pública libre, informada y formada.
Desde entonces hasta hoy ha pasado tiempo suficiente para un balance más equilibrado y justo entre la libertad de expresión y sus límites, representados por los derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen. Con esto no se quiere decir que haya que restringir la libertad de expresión, sino que hay que precisar bien las fronteras que no puede rebasar. Para lo cual creo que hay que valorar las opiniones difundidas, su contribución real a la formación de una opinión plural, informada e instruida, y la posible lesión que causa la difusión pública de las expresiones en los derechos fundamentales de la personalidad del sujeto aludido. Pienso que otorgar una primacía ilimitada a la libertad de expresión supone prescindir por completo de los límites a dicha libertad y, consecuentemente, dejar de aplicar el apartado 4 del artículo 20 de la Constitución. Y hoy, en la segunda década del siglo XXI, da la impresión de que la opción pública está suficientemente formada, y que le repugnan los excesos que rebasan injustificadamente los constituidos por los citados derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen de otros ciudadanos.
Pues bien, decir de toda una dinastía, los Borbones, que son una organización criminal y que por definición la monarquía solo puede ser corrupta, más que críticas que suponen un control democrático de la Corona, son verdaderos insultos que difícilmente pueden contribuir a modelar una opinión libre, formada e informada. Tales agravios, juicios de valor globalmente descalificadores, lesionan el derecho al honor de cualquiera, y por supuesto de los Borbones, que tiene que ser preservado al mismo nivel que el de los demás. No cabe confundir estar expuesto al más alto nivel de crítica con tener que soportar insultos.
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