—«Con calma. No vamos a empezar por los corruptos, sino por los corruptores».
—«¿Los empresarios? Eran ellos los que hacían cola para pagar».
—«Que vengan todos a declarar».
Es el arranque del caso italiano de Manos Limpias en la serie 1992 que refleja la instrucción que siguió el juez Antonio Di Pietro para sacar a la luz un sistema de corrupción generalizada para financiar los partidos. Su objetivo fue el poder económico para llegar al político. Presionó con prisión preventiva a quiénes daban el dinero negro. El resultado ya lo conocemos. Cayó el poderoso Bettino Craxi, que dimitió de su cargo de secretario del Partido Socialista Italiano y terminó huyendo de la Justicia fugándose a Túnez.
José de la Mata, juez de la caja B del Partido Popular, tiene otra línea de actuación más errática. En mayo de 2015 cerró la instrucción de los conocidos «papeles de Bárcenas» sobre la financiación ilegal del Partido Popular al dictar el auto de transformación de juicio oral de la pieza separada. Entre sus decisiones, ninguno de los empresarios imputados por cohecho y tráfico de influencias que aparecían en la contabilidad «extracontable» popular serían juzgados.
La línea estaba marcada por un informe de la Intervención General del Estado que concluía que «no parece existir correlación temporal entre las aportaciones de fondos contabilizadas y los volúmenes de contratación» al analizar las adjudicaciones a quince empresas de construcción que entregaron entre 2002 y 2009 al PP un total de más de 4,8 millones de euros mientras recibieron adjudicaciones por valor de 22.450 millones. «No existen informaciones suficientes que permitan pronunciarse». Para de la Mata el dinero negro no tenía nombre.
Casi tres años más tarde, la causa que estaba cerrada esperando fecha de juicio admite nuevas diligencias del magistrado —desde que Francisco Correa confesara en Gürtel el cobro de comisiones a empresarios— reconvirtiendo la caja B en el cajón B del PP. Un gran cajón de sastre donde cabe todo. Desde la Primera Época a la pieza que se está juzgando ahora sobre la financiación irregular en Valencia, donde Ricardo Costa señaló a Francisco Camps; aliñado con un poco de Púnica por Beltrán Gutiérrez y bastante de Lezo con Ignacio González. Unifica una instrucción que estaba finalizada con un juicio que espera sentencia junto a otro que se está celebrando, más dos instrucciones que tienen a su vez otras piezas separadas. Un cóctel molotov.
Sin haber estudiado Derecho hay una máxima que es de muchos conocida. «Non bis in ídem». No se juzga a una persona dos veces por la misma causa. Pues en la caja B están de nuevo Francisco Correa y Alfonso García Pozuelo por los mismos hechos, a quiénes la Fiscalía no les apretó durante el juicio de Gürtel para conocer cuáles eran las adjudicaciones por las que se entregaban el 3%. Sin embargo, la testifical de Juan Miguel Villar Mir de OHL, señalado expresamente por Correa, no la admitieron ni en Gürtel ni tampoco ahora de la Mata. Lo dice tajante el juez: «No ha lugar». Aunque aparece registrado como donante en los años 2004, 2006 y 2008 por un total de quinientos treinta mil euros, y está además en las conversaciones grabadas a Ignacio González.
En la macedonia judicial se encuentra hasta la última palabra de Correa en Gürtel. A la que asistí en noviembre de 2017 y era para no dar crédito. Negó que lo suyo fuera cohecho y tampoco «sé si es tráfico de influencias». Presentándose como un relaciones públicas al que «ninguna de las empresas quería hacer ningún contrato». Pidiendo, sin saber cuál es el oscuro objeto del deseo que esconde, «el indulto del juez Baltasar Garzón que ha sido injustamente inhabilitado y es una víctima de una causa que tiene un tinte político».
Añadiendo lo más fuerte que está ocurriendo actualmente en Gürtel Valencia. Quizá la incorporación al sumario de las declaraciones en el juicio de la contabilidad B del PP de la Comunidad Valenciana tenga como objetivo investigar al expresidente de la Generalitat. Camps no deja de ser el perejil de todas las salsas desde que estalló el caso en el 2009.
«Se está vulnerando el principio acusatorio. Es una deconstrucción de las normas del proceso penal. Se pierden los fundamentos del objeto delictivo», comenta un reputado fiscal. «Te lo explico de una forma sencilla de entender», comenta un reputado fiscal. «Es como una carrera de relevo. Cuando el juez decretó la apertura de juicio oral terminó la instrucción y pasó el testigo a otra Sala. Es quién tiene ahora la competencia. Al reabrir la misma pieza hay dos palos en lugar de uno, sin que haya ninguna resolución para que ese expediente esté en los dos sitios. Un absoluto despropósito».
O buscan crear una causa general o están jugando con fuego arriesgándose a que prendan las nulidades y termine ardiendo el cajón entero.
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