Cristina Narbona se defendió atacando en la Comisión del Senado sobre la Financiación de Partidos Políticos. El malo de la película era de nuevo el PP. Ellos fueron los que pusieron «obstáculos» en forma de «amenazas, descalificaciones que crearon alarma social por las palabras de Esteban González Pons de que “las plantas de desalación eran las nucleares del mar” y trabas administrativas». Tras su alegato inicial hubo preguntas sin contestar y otras que se desviaron a otros temas que no tenían nada que ver con la batería que realizó el senador popular Luis Aznar, convirtiéndose la comparecencia en un tenso cara a cara.
- SOBRECOSTES DE 214 MILLONES DE EUROS Y OTROS 9 MILLONES EN PROYECTOS FALLIDOS SEGÚN EL TRIBUNAL DE CUENTAS.
«No tengo constancia de lo que dice el Tribunal de Cuentas» sobre los sobrecostes de 215 millones de euros en seis plantas de desalación y otros 9 millones en proyectos fallidos. Narbona se amparó en un informe de la UCO para afirmar que «los sobrecostes están justificados» y que estos fueron por los «retrasos» causados por «las amenazas» que curiosamente nunca el PSOE había denunciado antes. Narbona se justificó con el clásico y tú más, asegurando que «la mala planificación era igual de lamentable que en la Ciudad de la Justicia o en Tierra Mítica».
La realidad es que el Tribunal de Cuentas en sus conclusiones en el «Informe de Fiscalización de los convenios de gestión directa vigentes entre las “Sociedades Estatales de Aguas” y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino durante los ejercicios 2010-2011» apostilla de las inversiones adjudicadas durante la etapa socialista que si «pretendía acentuar los principios de agilidad y eficacia en la actividad administrativa, las circunstancias expuestas conducen a poner en cuestión la idoneidad de los procedimientos de gestión. Se deberían efectuar una previsión más realista del diseño, los plazos y los costes de las actuaciones».
- DESALADORAS FANTASMAS.
«Las desaladoras de Oropesa, Moncofa y Sagunto están hechas las correspondientes primeras fases», aseguró Narbona. Eso no es cierto como demuestra el cuadro adjunto:
Desde el año 2016 esas tres plantas están «a punto de iniciar su explotación», pero ninguno de los municipios que firmaron convenios durante su etapa como ministra de Medio Ambiente en las localidades de Oropesa, Benicassim, Moncofa, Xilxes y Sagunto quieren poner en marcha las desaladoras. ¿Cuál es el motivo? El recibo del agua. Los ayuntamientos no pueden afrontar el coste de amortizar la inversión -un millón de euros durante 25 años-, aunque según declaró Narbona en ABC: «Nadie les puso una pistola para que firmaran».
La burbuja de las desaladoras fantasmas explotará en marzo de 2019. Si estas plantas no están operativas habrá que devolver 35 millones de euros de fondos europeos. Según Narbona, «las que están construidas hay que ponerlas en funcionamiento». ¿Cómo? ¿Saltándose los convenios firmados en su época? ¿Asumiendo el erario público la inversión mal planificada por real decreto con carácter extraordinario y urgente firmado en 2004 por el Ejecutivo de Zapatero? ¿Acaso cuándo el PSOE de Pedro Sánchez habla de «apostar por las desaladoras» en sus «Bases para un acuerdo de país sobre agua» es para adjudicar nuevas plantas o para solucionar la gestión realizada por la actual presidenta socialista?
Narbona se amparó por dos veces en que «el alcalde popular de Oropesa firmó aquel convenio por las expectativas de crecimiento en la zona». Pero no mencionó quiénes más estaban detrás como contaba Erik Segarra, de Izquierda Unida: «Desde Madrid, se buscaron sus espadas aquí para que trajeran gente al proyecto. José Vicente Isach era alcalde de Moncofa y Francecs Colomer de Benicassim, que ahora está de secretario autonómico de turismo de Ximo Puig. Ellos fueron los impulsores». Y en Sagunto, el convenio lo firmó la alcaldesa socialista Gloria Calero con el director general nombrado por Narbona, Adrián Baltanás.
También se lo recordó Aznar con las declaraciones del alcalde del PSOE de Xilxes: «Era la época de los pelotazos. Había dos opciones. Una era las desaladoras, otra el Plan Hidrológico Nacional. ¿Cuál de las dos era más descabellada? Visto lo que ha sucedido, la desaladora de Moncofa no era necesaria». O el teniente alcalde de la misma localidad de Compromís: «Era un objetivo descabellado, que nos ha dejado con una gran carga».
3. 11,2 MILLONES DE EUROS DE FONDOS PÚBLICOS EN PUBLICIDAD
«El gasto de publicidad, muy pequeño, fue de 200.000 euros». Ese es el dinero aportado por Acuamed para la campaña de publicidad «El mar fuente inagotable de vida» aprobada en el Consejo de Ministros de septiembre de 2007 por Cristina Narbona. Pero no tiene nada que ver con el gasto de 11, 2 millones de euros de fondos públicos reflejado en las cuentas anuales de Acuamed en el apartado de “propaganda, publicidad y relaciones públicas” entre 2007 y 2008, años que hubo elecciones municipales, autonómicas y generales.
En este cuadro elaborado por los agentes de la UCO de la Guardia Civil se refleja la evolución del gasto en publicidad de la empresa pública durante la etapa socialista. La curva se dispara en el año 2007 para normalizarse a partir del 2010. Narbona reconoció que fue ella quien dio «la instrucción de todas las campañas de publicidad que fueron oportunas y que el agua no mataba a nadie y no era radiactiva». En ese momento, ninguna de las plantas impulsadas por el Gobierno de Zapatero estaba construida.
Cuando salta el caso de financiación ilegal del PSV, uno de sus tentáculos en Acuamed es a través de un contrato con Crespo Gomar y su filial, Silvia García. ABC destapó que no sólo se firmaron esas dos adjudicaciones desde la empresa pública por los dos hombres de Narbona, sino que hubo otros 56 contratos. Entre el dinero gastado con fondos públicos se encuentran los concursos para envasar, etiquetar y distribuir un millón de botellitas de agua desalada por un millón de euros que se adjudicó en contra de las bases del pliego a agencias de publicidad.
4. 7,2 MILLONES DE EUROS «DONADOS VOLUNTARIAMENTE» POR CONSTRUCTORAS.
«Son las propias constructoras las que tienen ese interés» replicó Narbona sobre el motivo de que las adjudicatarias de plantas donasen 7,2 millones de euros antes de las elecciones generales de 2008. No es así según las palabras de Elena Arranz, secretaria del responsable de las campañas de publicidad Joan Navarro, nombrado por entonces por la ministra de Medio Ambiente: «Se habló con las empresas y se acordó que pagaban el uno por ciento de lo que tenían adjudicado».
Según Arranz, Acuamed estaba «por detrás» y tanto las directrices como los cálculos de las cantidades que tenían que pagar cada contrata se pasaron a una hoja de Excel titulada «el club de las desaladoras». Como reza en el informe de la UCO, Arranz se encargó de enviar por correo electrónico en noviembre de 2007 al presidente de AEDyR, José Antonio Medina, con copia a Navarro, un listado de empresarios que estaban «al corriente del tema» y tenían que firmar una carta de compromiso que deberían remitir a «la agencia Bassat Ogilvy». Narbona negó en su declaración que hubiera esa carta de compromiso.
Sobre si la desaladora de Torrevieja pidió el reembolso de las cantidades aportadas a la campaña de publicidad, Narbona apuntó que hubo «un intento de cohecho fallido» que no se materializó y negó que en el diseño de esa actuación hubiera «nada que se pareciera a una caja B ni mordidas». En cambio, el director general de Acuamed Carlos Massa explicó ante el juez Eloy Velasco que fue «un concierto inapropiado» y que hubo un compromiso verbal adquirido en la etapa de Baltanás recordando que se decía que «si lo ha encargado Narbona, que lo pague Narbona».
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