Un día entero para meditar la bomba lanzada por la Fiscalía Anticorrupción. La cúpula del Gobierno andaluz se sentará en el banquillo por el fraude de los ERE. 741 millones de euros en ayudas irregulares, entregados de forma opaca y arbitraria.
Susana Díaz vuelve a defender en público la «honradez y honestidad tanto de Pepe Griñán como de Manolo Chaves». Y es que ella está íntimamente ligada a esa cúpula. «¡Cómo no iba a conocer el sistema de ayudas!», exclamaba Javier Guerrero, director general de Trabajo, en ABC en octubre del 2015.
Fue donde Susana se crió. Primero aliada de José Antonio Viera –acusado de prevaricación y malversación–, como secretaria de Organización, para sucederle en la secretaría general del PSOE sevillano. Y luego junto a Griñán –la Fiscalía pide seis años de cárcel y treinta de inhabilitación por los mismos delitos–, consiguiendo la Consejería de Presidencia e Igualdad en mayo de 2012.
Ahí empezó su carrera hacía la cima. Tardó 16 meses en asaltar la presidencia, tras la renuncia de su valedor, al conseguir los avales sin ningún rival que le hiciera sombra.
La socialista da la cara y asegura que ha hablado «en las últimas horas» con ambos. Los dos «asumieron responsabilidades políticas, dejaron sus escaños y abandonaron el partido». Y le lanza de nuevo el guante de Rita a Mariano Rajoy: «Otros no lo hacen».
El día anterior le acusaba en un tuit de tomar «el pelo a los españoles» y que «se ría de todos» al mantener el aforamiento «que le regaló el Partido Popular».
Volvemos al «y tú más». Ninguno de los partidos se libra en ver conjuras. «La Fiscalía tenía hasta el 15 de octubre para presentar el escrito. Tenía que contrarrestar la semana negra de Génova. Se han pasado por la piedra el auto del Tribunal Supremo, que acotaba las ayudas irregulares en 78 intrusos y se centraba en el delito de prevaricación», me comenta uno de los acusados «off the rock».
«Estoy estudiando los 40 folios para saber dónde he delinquido. Si no he dispuesto de fondos ni los he gestionado, ¿dónde está la malversación? Entonces, las ayudas que se han entregado, están identificadas y las han cobrado, ¿Tengo que subvencionar a un particular? ¿Vamos a tener que pagar su jubilación?», esgrime contra el auto de Anticorrupción.
Casi un año sin Gobierno, la actualidad es un puro juicio mediático, donde los matices se han borrado con brocha gorda. Y cualquiera que discrepe, se le lincha. Como al expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha lamentado la «fiebre podemita» de que todo el mundo tenga que dimitir simplemente porque se abra una investigación, con lo que la pena ahora ya es incluso «previa al banquillo».
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