En las líneas que siguen, voy a tratar dos cuestiones que tienen un nexo común: afectan a puestos púbicos. La primera tiene que ver con los nombramientos en la recién creada Comisión para la reconstrucción social y económica de España. Y la segunda con la dimisión de la Directora General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.
Como sabrán, ayer nombraron al socialista Patxi López presidente y al secretario del partido general del partido comunista de España Enrique Santiago, vicepresidente, de la “Comisión para la reconstrucción social y económica de España tras la Covid-19”. Por si no lo recuerdan, esta Comisión es a la que se espera que cumpla una función semejante a la de los fecundos “Pactos de La Moncloa”.
Pues bien, creo que dicha Comisión nace con un obstáculo que va a ser muy difícil de superar. Al frente de los Pactos de La Moncloa estaban prestigiosísimos economistas, como el profesor Fuentes Quintana y su equipo. Y algo parecido a lo de entonces acaba de hacerse en Italia. En efecto, el gobierno de Guiseppe Conte ha nombrado a un equipo de 17 expertos que tienen la misión de diseñar un plan de reconstrucción. Al frente de la etapa de reconstrucción económica y social estarán profesionales procedentes de distintos ámbitos: tres altos directivos, tres economistas, dos sociólogos, un psicólogo, un psiquiatra, un físico experto en innovación, un especialista en empleo, un abogado, un comercial y un experto en discapacidad, según avanza la prensa italiana. Y de líder del equipo estará el ex CEO mundial de Vodafone, el italiano Vittorio Colao. En Italia se habla del “Dream team” por la alta cualificación profesional de los miembros del citado equipo.
El pasado lunes publiqué una Tercera en ABC en la que hablaba de la “partitocracia” y en ella denunciaba el fuertísimo y constitucionalmente excesivo control que ejercen los partidos políticos sobre la política española. La recién nacida Comisión para la reconstrucción española es otro ejemplo más de la expansión acaparadora de la “partitocracia”. Si la política económica ha estado en manos de los políticos y hay que reconstruirla, lo lógico debería ser encomendar esta importantísima misión no a políticos que son en cierto modo los responsables de su “destrucción”, sino a verdaderos expertos independientes, como han hecho en Italia.
En cuanto la dimisión de la mencionada Directora General de la Comunidad de Madrid, creo que la cuestión no hay que agrandarla mirándola con ojos de malicia, sino ajustarla a su verdadera dimensión. Vaya por delante que soy de la opinión que, cuando uno no es el que tiene la última palabra, el único derecho que tiene es a que le escuchen, pero no a que le hagan caso. Porque es el que tiene que tomar la decisión final quien debe valorar todos los aspectos de la correspondiente decisión.
Seguramente, teniendo a la vista únicamente los datos médicos, la decisión de la Directora General de no solicitar el paso a la fase 1 tenía todo el sentido. Pero la Presidente de la Comunidad de Madrid, que es la que tenía que tomar la decisión final, valorando todos los aspectos, incluidos los económicos, optó por solicitar la entrada en la fase 1.
Ante esta decisión, la Directora General podía entender que la Presidente había valorado otros extremos y considerar que había cumplido con su cometido al dar su opinión. Prefirió, no obstante, presentar su dimisión, actuación que es muy poco frecuente, que puede valorarse como una “rabieta” o como el deseo de eximirse absolutamente de responsabilidad. En todo caso, como dice el refrán “a rey muerto, rey puesto”. Y, en el caso, el elegido para sustituir a la dimitida ha acreditado una gran capacidad profesional cuando estuvo al frente del “hospital” de Ifema.
Política