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El derecho y la libertad de expresarse en castellano

José Manuel Otero Lastres el

Cuenta el ABC de hoy que Lucía, una niña de notables y sobresalientes, sacó el pasado trimestre un 7,5 en Ciencias Sociales pero la suspendieron por utilizar en sus respuestas el castellano. La niña cometió los gravísimos errores en la materia de Ciencias Sociales de emplear “termómetro” -en castellano- y no “termómetre -en valenciano- cuando le “preguntaron qué instrumento medía la temperatura en el aire; y que responder que el instrumento que mide la lluvia es un “pluviómetro” en vez de “pluviómetre”.

Perdónenme pero creo que estamos llegando a situaciones inadmisibles. Y yo en defensa de la libertad ya no me puedo callar. Y es que consentir estos actos es admitir impasiblemente que en el ámbito de la enseñanza se vulnere la Constitución, en cuyo artículo 3 se dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado y se añade que todos los españoles tienen el derecho a usarla.

No desconozco que en España hay espacios geográficos en los que se hablan dos lenguas. En esos lugares, hay ciudadanos que se expresan preferentemente en una sola de ellas, su lengua materna, aunque conocen la otra. Y los hay otros que son totalmente bilingües, y manejan ambas con total fluidez. De esas dos lenguas, hay una que es propia y específica de ese espacio geográfico, en el sentido de que solamente se habla en él; y la otra es la que coincide con la común que usan la generalidad de los ciudadanos que conforman el ámbito geográfico más amplio en el que está integrado aquél, que es España.

En el caso de Valencia, conviven el valenciano y el castellano, siendo aquél el específico de la Comunidad Autónoma de Valencia y éste el común de España. Calificar un examen de una materia que no era el “valenciano” con una nota más baja de lo que merecía Lucía porque se expresó en la lengua común de España en lugar de la específica de la Comunidad Valenciana es un error doloso del profesor que merece la correspondiente sanción. Y digo doloso como sinónimo de intencionado porque el que profesor que calificó  a la baja la nota sabía perfectamente que Lucía estaba amparada nada más y nada menos que por el derecho constitucional de usar el castellano como lengua oficial del Estado.

Ya está bien de consentir a los fanáticos exclusivistas que infrinjan la norma de la Constitución sobre la lengua. Qué usen el valenciano cómo y cuándo quieran y puedan, pero que no obliguen a los demás, aunque residan allí y vayan a colegios de ese ámbito geográfico, a dejar de usar el castellano cuando quieran. La diferencia entre mi postura y la suya es clara: la mía es legal y supone un respeto escrupuloso de la libertad y la de ellos es ilegal y restringe nuestra libertad idiomática. Espero que se respete mi libertad de salir en defensa de la libertad, que ya está bien de permanecer callado.

 

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José Manuel Otero Lastres el

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