El pasado 26 de marzo los miembros del Consejo de Europa (los presidentes de gobierno o primeros ministros de los países de la Unión Europea y los Presidentes del Consejo y de la Comisión), tras una videoconferencia, acordaron que sus países trabajarían en los 5 ámbitos siguientes.
1). Limitar la propagación del coronavirus. En este ámbito, el Gobierno central español y los autonómicos han trabajado denodadamente y con relativo éxito. No se puede negar que los implicados, con mayor o menor capacitación personal, trataron de frenar la propagación del COVID-19. Pero para valorar las cosas en su justa medida hay que tener en cuenta los desorbitados poderes que tuvo el Gobierno central inherentes al estado de alama, que se convirtió en el mando único para dirigir y controlar todos el proceso. Y hubo que esperar 77 días para que, por fin, ayer se hiciera pública la buena noticia de que el domingo no hubo ningún muerto.
2). Suministrar equipos médicos, especialmente mascarillas y respiradores. En esto, la actuación del Gobierno central fue muy desacertada: se centralizaron las compras, que se encargaron, a veces, a empresas “sospechosas” que suministraron a precio de oro equipos inservibles. La defectuosa actuación del Gobierno español en este ámbito tuvo la nefasta consecuencia de que trabajaran sin la debida protección los médicos y sanitarios que trataron a los pacientes de esta enfermedad, originando contagios y muertes de estos profesionales que no deberían haberse producido.
3). Promover la investigación, en particular la encaminada a desarrollar una vacuna. En este ámbito, España no está a la cabeza de los países que promueven la investigación sobre los remedios del COVID-19, aunque hay algunos investigadores que están intentando lograr la vacuna, como el profesor Enjuanes. Además, hay otros destacados investigadores españoles en equipos de otros países que están teniendo un papel relevante.
4). Hacer frente a las consecuencias socioeconómicas. En esto, el Gobierno español ha actuado tanto en el ámbito social (implantación de una renta universal básica) como en el económico (medidas para paliar las previsibles consecuencias de un alto nivel de desempleo, como los ERTES).
5). Ayudar a los ciudadanos bloqueados en terceros países. En este ámbito, el Gobierno parece haber actuado con diligencia.
La valoración general que cabe efectuar a día de hoy sobre el resultado de la actuación del Gobierno en los 5 ámbitos indicados es desigual. Solo hay un ámbito, el de ayudar a los ciudadanos bloqueados en terceros países en el que parece no haber trascendido queja alguna contra la actuación del Gobierno. Hay otro ámbito en el que la actuación fue muy desafortunada: el del suministro de equipos médicos, con la nefasta consecuencia que ya hemos reseñado. Y hay otro, el de hacer frente a las consecuencias socioeconómicas, en el que tardará en saberse si las medidas fueron acertadas o no. De momento, lo que es innegable es que hay un fuerte incremento en el gasto público con un destino de los fondos a prestaciones subvencionales. Es decir, los recursos que tomamos a préstamo no los estamos destinando ni siquiera parcialmente a reflotar los sectores o las empresas en crisis, sino básicamente a subsidiar a los ciudadanos en mayor riesgo de exclusión.
Como gran parte, si no la totalidad, de los fondos para la salvación vendrán de la Unión Europea, es de esperar que haya estrictas condiciones para recibirlos. Lo cual puede hacer menos gravoso para las generaciones futuras el pavoroso endeudamiento en el que está dispuesto a meternos el Gobierno español.
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