Desde hace algunos años, son muy pocos los días en que no salen a la luz noticias sobre la iniciación de diligencia judiciales por actos de corrupción en los que aparecen indiciariamente implicados políticos y empresarios. Son tan numerosos, su cadencia es tan constante y están tan salpicados por toda España, que si la corrupción fuera una enfermedad estaríamos hablando de una verdadera epidemia. Esta misma tarde los medios de comunicación se vienen haciendo eco de otra operación, denominada Patos, en la que han sido registrados varios organismos de Galicia y arrestados algunos políticos por supuestas contrataciones irregulares.
Más allá del desánimo que produce ver cómo hay algunos desaprensivos que se aprovechan de la democracia para servirse de lo público en su propio beneficio, la alarmante situación por la que estamos pasando exige una reacción decidida y enérgica para cortar la infección que nos está asolando.
El diagnóstico es claro: con inadmisible desprecio por lo que es de todos, hay individuos que están utilizando en su beneficio propio medios y servicios que corresponden a la generalidad de la ciudadanía. Los infectados no son todos los políticos, ni todos los empresarios. El germen de la corrupción anida en esas poblaciones, pero sería desacertado e injusto generalizar. Hasta tal punto que no exagero nada si digo que hay muchos más sanos que contagiados.
La clave está en el medicamento. A los corruptos hay que tratarlos con toda severidad, hay que aplicarles penas de tal naturaleza que sean verdaderamente disuasorias. Y mientras no devuelvan lo que se llevaron que no puedan recibir ningún beneficio penitenciario. Los españoles no somos peores ni mejores que otros europeos, la corrupción va implícita en la condición humana. Y como en otras cosas (por ejemplo el respeto actual a las limitaciones de la velocidad) la persuasión es menos eficaz que el castigo. Sería idílico que no fuera así, pero los hechos demuestran lo contrario.
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