Hace bastantes años, cuando era infrecuente que los políticos y las personas adineradas comparecieran ante los tribunales de lo penal, los jueces solo hablaban a través de sus autos y sentencias, y los asuntos de los juzgados apenas interesaban a los medios de comunicación, salvo que versaran sobre cuestiones especialmente macabras, como sucedía con algunos asesinatos. Eran tiempos en los que la generalidad de los ciudadanos no percibía la influencia de la política en la justicia.
Fue en el primer lustro de la década de los ochenta del siglo pasado cuando estalló el primer gran escándalo financiero por una evasión de divisas de elevada cuantía que hizo muy famoso al entonces Juez de delitos monetarios, Luis Lerga. Desde entonces hasta hoy, ha ido creciendo gradualmente la presencia de políticos y hombres de empresa ante los tribunales de justicia y paralelamente aumentó el interés de los medios de comunicación por el mundo de los tribunales. Hasta tal punto es esto cierto que en el último barómetro del CIS la corrupción política y empresarial es la segunda preocupación de los ciudadanos (44,2% de los encuestados). Y claro la ascendente implicación de la clase política en los casos de corrupción investigados por la justicia ha obligado a los partidos políticos a tomar posición en los supuestos en que aparecen implicados sus militantes.
Más allá de la falta de coherencia de que suelen hacer gala, o del distinto rasero con miden lo propio y lo de sus adversarios, lo que me preocupa es la fuerte presión política que ejercen frente a algunos jueces que aparecen ante nuestros ojos como especialmente desamparados. Me refiero, claro está, a los jueces que siguen, como los de antes, hablando solamente a través de sus resoluciones y que si son “estrellas” es muy a su pesar, porque la ciudadanía todavía desconoce a día de hoy su voz. Viene todo esto a cuento del encarnizado “debate” mediático que se ha entablado en torno al auto de 11 de marzo de 2014 en el que la discreta jueza Alaya ha fijado una fianza de 29.568.129,20 € a la antigua Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
Pues bien, como suele suceder en la mayoría de estos casos, para formar su criterio la casi totalidad de los que opinan se fijan en la cuantía de la fianza, en el partido al que pertenece la señora Magdalena Álvarez Arza, y en el puesto de trabajo que desempeña actualmente. Son pocos, en cambio, los que se toman la molestia de leer los razonamientos jurídicos en los que la jueza fundamenta su decisión.
Si lo hicieran, cosa que debería ser imprescindible para emitir una opinión fundada, verían que: 1) Se le imputa el ser indiciariamente promotora, a través de las llamadas “transferencias de financiación”, de la habilitación del procedimiento que hizo posible el ilegal sistema de concesión de subvenciones sociolaborales; 2) la imputación está corroborada por el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía; 3) la cuantificación de las ayudas efectivamente abonadas hasta el 31 de diciembre de 2003, dado que su cargo perduró hasta el 7 de febrero de 2004, ascendió a 177.408.775,22 €; 4) la cuantía concreta de la fianza representa 2/8 de esta cifra con la suma del tercio legal que hay que añadir en virtud del artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (7.392.032,30€); y 5) la imposición de esta fianza “tiene una decidida finalidad, cual es la devolución en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta de Andalucía”.
A la vista de lo que antecede, ¿se puede afirmar seriamente que la citada jueza “ha prejuzgado” a la antigua Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía? ¿es admisible que se diga que el citado auto “roza” la prevaricación? ¿es que no les interesa a los demás políticos que no están implicados en el fraude que vuelva al erario público de Andalucía la mayor parte posible del dinero que ha salido ilícitamente? Respóndanse ustedes mismos.
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