No era yo muy amigo de creer en estrategias políticas encubiertas bajo otras con el fin de ocultar sus verdaderos objetivos. Pero visto lo que ha sucedido en estos dos días en diferentes ciudades de España cada vez creo más en la existencia de tales estrategias. Me refiero a las revueltas callejeras violentas protagonizadas por azotacalles mercenarios, constituidos por grupúsculos ligados entre sí por intereses de distinta naturaleza entre los que está el de los que actúan sirviendo a la causa de que se trate a cambio de un estipendio.
De lo que cada vez estoy más seguro es de que no se manifiesten en defensa de la libertad de expresión (les importa un pimiento) ni por estar en desacuerdo con el ingreso en prisión del bardo ripioso Hasél. Pienso, por el contario, que convenía estratégicamente azotar las calles para aumentar la sensación de desgobierno y tensionar a la aguerrida izquierda. Faltaba la chispa que provocara el incendio y la del ripioso fue lo suficientemente buena para incendiar las calles.
Tan seguro estoy de lo que acabo de decir que si los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad pudieran entrevistar a cualquiera de los energúmenos que les lanzan adoquines, piedras y parece que próximamente cócteles Molotov muy pocos sabrían la “sinrazón” por la que se manifiestan tan violentamente. Las instrucciones de los mandos operativos son que hay que hostigar y deteriorar la convivencia democrática.
Y es que en esto de manifestarse para defender la libertad de expresión lo primero que hay que hacer es valorar los medios con los que se defiende. En el caso de los azotacalles no se puede defender algo cometiendo delitos de daños en el mobiliario urbano y en los bienes de los comerciantes. La libertad de expresión es, antes que cualquier otra cosa, una libertad, y presupone inexcusablemente un ejercicio absolutamente lícito de la libertad misma, cosa que no existe en absoluto cuando se actúa delictivamente “incendiando” las calles y los enseres urbanos.
Está más claro que el agua cristalina los que ganan con todo esto: los que apoyan expresamente en tweeter a los azotacalles, los que les dan la razón y admiten que conviene reformar la regulación de los llamados delitos de expresión, y los gobernantes que, que lejos de salir en defensa de la legalidad vigente y de los la defienden, prefieren callarse. Todos los demás, que parece que somos menos, seguimos atónitos, sobrecogidos, y en silencio, el espectáculo de vandalismo hasta cierto punto “consentido” con el que nos están obsequiando los antisistema.
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