El próximo jueves día 19, Felipe de Borbón, en el acto de su proclamación como Rey de España ante las Cortes Generales, pronunciará el discurso de su acceso a la Corona. En los últimos días, se ha venido generando una gran expectativa sobre su contenido, insinuando, básicamente, que va a trazar una especie de líneas programáticas para el tiempo nuevo que se abre con su reinado. Incluso hay quien compara su futuro discurso con el que pronunció en su día Juan Carlos I cuando accedió a la Jefatura del Estado.
Si se medita detenidamente con la Constitución en la mano, no se deberían crear falsas expectativas, porque podrían afectar negativamente al nuevo Rey desde el inicio mismo de su reinado. Me explico.
Cuando el Rey Juan Carlos I accedió a la Jefatura del Estado en 1975 tenían en su manos todos los poderes que le venían conferidos por la sucesión en la Jefatura del Estado del anterior régimen del General Franco. Y, por eso, tenía tanto relieve su discurso, porque podía trazar para su reinado unos perfiles meramente continuistas o hacer lo que afortunadamente sucedió, que fue devolvernos la libertad, abrir paso a la Constitución de 1978, e iniciar el período democrático y de paz más brillante de los últimos tiempos. Pero lo hizo porque quiso y no tenía que sujetarse entonces a una Constitución que no existía.
Para el futuro Rey, Felipe VI, las cosas son muy diferentes. No puede salirse del papel simbólico, arbitral y moderador que atribuye la Constitución a la Corona. Y es en el marco de esos límites constitucionales en el que tiene que encajar su discurso. Su juventud y su preparación le permitirán conectar mediáticamente y de manera especial con las nuevas generaciones, y adaptarse a los nuevos tiempos, pero esas condiciones en nada ampliarán las facultades constitucionales que tiene la Corona y, por ende, su titular.
Para que se comprenda bien lo que quiero decir. Aunque quisiera, el nuevo Rey no podría someter por sí solo a referéndum la pregunta sobre monarquía o república como forma de Estado. Esa decisión tendría que ser necesariamente propuesta por el Presidente del Gobierno, y autorizada previamente por el Congreso de los Diputados.
Y otro tanto cabe decir sobre el famoso e inexistente derecho a decidir del que vienen hablando hasta el hastío los secesionistas catalanes. Aunque deseara abrir unos nuevos tiempos en los que se diera cabida a las propuestas que plantean grupos minoritarios, Felipe VI no puede incumplir el precepto constitucional que deposita en el pueblo español la soberanía nacional. Ni siquiera podría proponer que se hiciera uso de las facultades que reconoce el artículo 150 de la Constitución en virtud de las cuales es el Estado y no la Jefatura representativa, como es la Corona, quien podría en su caso transferir o delegar en la Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.
Otra cosa es que, en virtud de su podre arbitral y moderador, llegue a aconsejar al Gobierno de turno que inicie una reforma de la Constitución de acuerdo con los mecanismos previstos en la misma. Pero por sí mismo el nuevo Rey carece, porque lo prevé así la Constitución, de poder sobre la dirección la política nacional, cosa que corresponde al Gobierno de la Nación.
En consecuencia, mientras conservemos la actual monarquía parlamentaria –y ojalá que sea por muchos años- convendría no crear falsas expectativas sobre los poderes del Rey, que son los que son y, desde luego, no tienen nada que ver con los que tenía el Rey Juan Carlos al comienzo de su reinado y que los devolvió al pueblo español a través de la Constitución.
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