Como saben todos ustedes, el PP ha ganado las últimas elecciones generales, ampliando incluso la distancia que tenía con los demás partidos, pero sin conseguir el número de escaños suficientes para tener asegurada la formación de gobierno. Y ello porque ahora para gobernar no basta con ser el partido más votado y tener más escaños que los demás, sino que es necesario alcanzar cierta posición matemático-parlamentaria: conseguir el voto de un número de diputados que no pueda ser superado por los que pueda reunir ninguna otra formación política.
La principal consecuencia de lo que antecede es que para formar gobierno el PP necesita alcanzar pactos post electorales con determinadas formaciones políticas calificadas como “constitucionalistas”. Lo cual nos ha puesto en una situación que debe ser analizada desde una doble perspectiva: la del PP como partido oferente de acuerdos y la de los partidos que son los destinatarios de éstos.
El PP, en tanto que partido minoritario ganador, viene obligado a rehuir toda posición maximalista para situarse en una política inequívoca de cesiones. Los votantes del PP no pueden esperar, por tanto, una futura actuación con los rasgos inequívocos de la política de este partido, sino que habrán de acomodarse a la que resulte del programa pactado con otras formaciones políticas.
Desde la perspectiva de los partidos con los que puede pactar el PP, el PSOE y C,s, lo primero que convendría reseñar es que éstos, en lugar de negarse a priori a cualquier política de pactos, deberían esperar a conocer las concesiones que está dispuesto a hacer aquél. Negarse a pactar en todo caso, sin esperar a conocer las cesiones que está dispuesto a hacer el Partido Popular, supondría seguir inmersos en la denostada y dañina política de vetos que tan firmemente rechazaron los votantes.
Y es que, salvo la negativa basada en posiciones ideológicas indiscutiblemente antitéticas, no parece que exista ninguna razón que impida ponerse de acuerdo sobre los puntos comunes –que los hay y no son pocos- que comparten los partidos constitucionalistas. Por eso, no habría que descartar que la negativa absoluta de una formación política, como el PSOE o C,s, a pactar con el PP pudiese ser interpretada por el común de la ciudadanía como la anteposición de sus intereses particulares al interés general de España.
Otra ulterior reflexión es que, una vez celebradas ya las elecciones, la visión unidireccional de cada partido, centrada en la mayor captura posible de votos, debe ceder a la visión más general de atender a lo que ha reflejado definitivamente la voluntad popular. Lo cual significaría que todos los partidos constitucionalistas tendrían que esforzarse en compatibilizar todas aquellas políticas que, aun siendo diferentes, presenten puntos de contacto esencialmente coincidentes.
El PP debe tener, pues, muy claro que dirigir la política de pactos no significa que pueda imponer siempre sus convicciones ideológicas. Y respecto de los demás partidos constitucionalistas, cabría efectuar las dos reflexiones siguientes.
La primera es que a la pregunta que los medios les formulan reiteradamente estos días de si van a pactar o no con el PP, deberían responder que no pueden pronunciarse antes de conocer las ofertas concretas de este partido. Y la segunda es que, aunque que no desconozco que algunos militantes del PSOE pueden tener razones viscerales para negarse a pactar con el PP –fundadas supuestamente en cuentas por ajustar-, como ciudadano ajeno a las luchas partidistas me pregunto si es pedirles demasiado que las “aplacen”, al menos por un período electoral. Porque ¿no les parece que es momento de olvidarse, aunque sea por poco tiempo, de las venganzas pendientes –si es que realmente las hay- cuando nos va tanto en la consolidación de nuestra convaleciente situación económica y social? Tengo para mí que una buena parte de los españoles que no nos dedicamos profesionalmente a la política les agradeceríamos que tuvieran el acto de generosidad de pensar primero y sobre todo en España.
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