Se suele decir que el programa electoral es una oferta de contrato que propone cada partido a los electores. De tal suerte que cuando los ciudadanos votan a una formación política se produce, como en el contrato, un encuentro de voluntades entre la oferta política plasmada en el programa y la aceptación de la misma expresada por los electores mediante su voto.
Cuando un partido gana las elecciones por mayoría absoluta, no existe ninguna duda sobre la obligación que tiene de cumplir su programa durante el mandato para el que ha sido elegido. Pero el programa electoral no obliga, en puridad, solo al partido que gobierna. La formación política que ha quedado en la oposición tiene que censurar la acción de gobierno desde las opciones que ha ofertado en su programa, haciendo ver a los ciudadanos, mediante una crítica constructiva, que era mejor su oferta que la del partido ganador.
Las cosas están menos claras –al menos para mí- cuando ningún partido logra la mayoría absoluta. Ante tal situación, en los países como el nuestro en el que no hay una segunda vuelta entre los dos partidos más votados, caben, en principio, dos opciones: que gobierne el partido ha tenido más votos o que lo hagan las formaciones que, mediante el correspondiente pacto, logren formar la mayoría. Desde la óptica de la representación de la voluntad popular, ambas posibilidades, en una primera aproximación, parecen respetar el principio democrático de que gobierne quien consiga la confianza del Congreso. En el caso del gobierno de coalición, porque la suma de los votos de las partidos que lo integran arrojan el resultado mayoritario. Y en la hipótesis de gobierno por la minoría mayoritaria, porque es la formación que ha concitado el mayor número de votos.
Pero si abrimos la perspectiva, y nos situamos en la oferta que supone el programa electoral, las cosas no parecen tan claras. Porque en el voto de los ciudadanos a un determinado partido no va implícita la autorización incondicional para que gobierne con otras formaciones de acuerdo con un nuevo programa, pactado entre ellos, que no ha sido sometido a debate en una campaña electoral. En estos casos, si la formación minoritaria acepta íntegramente el programa del partido mayoritario con la que se coaliga, está incumpliendo la oferta de contrato electoral que propuso a sus votantes. Y si entre las coaligadas elaboran un nuevo programa, las que incumplen son todas.
Si se considera el programa como una oferta de contrato propuesta a los ciudadanos, los gobiernos de coalición podrán representar una mayoría matemática, pero no existe un convenio pactado entre los coaligados y los electores. Se puede argumentar que los programas carecen de importancia, o –como se llegó a decir con una gran frivolidad-, que están para ser incumplidos. En ese caso, lo coherente sería suprimir las campañas electorales y someter a los ciudadanos al puro trance de votar por unas siglas. Lo cual tendría, al menos, la ventaja del ahorro de los gastos electorales, que pagamos entre todos con nuestros impuestos.
Pero decir en caso de mayoría aritmética que eso es lo que quiso el pueblo me parece no solo cínico (solo busca satisfacer los intereses personales de los coaligados), sino hasta casi una falta de respeto a la variedad del electorado.
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