Punto muerto en el acuerdo nuclear con Irán

Las negociaciones para restaurar el acuerdo nuclear con Irán -el llamado Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), en inglés, firmado, definitivamente, en abril de 2015, por la República Islámica y los denominados países del P5 + 1, es decir, los cinco miembros del Consejo de Seguridad (CS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), China, Estados Unidos (EE. UU.), la Federación Rusa, Francia y el Reino Unido, más Alemania y la Unión Europea (EU)-, que comenzaron en noviembre de 2021, en Viena, están atascadas.

El frenazo se ha producido, irónicamente, a pesar de haberse llegado a un acuerdo en el resto de las cuestiones planteadas, por un asunto que no está directamente relacionado con el programa nuclear iraní y que el gobierno de Teherán ha convertido en una condición sine qua non antes de firmar nada.

Irán, efectivamente, ha exigido a EE. UU. la supresión de la denominación de organización terrorista extranjera –Foreign Terrorist Organization (FTO), en inglés- del conocido como Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica –Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)– con la que le calificó el gobierno estadounidense en abril de 2019.

Para Irán, ésta es una línea roja para las negociaciones en marcha porque considera que dicha designación forma parte de la estrategia desarrollada por el anterior presidente de EE. UU., Donald J. Trump, de imponer “presión máxima” sobre Irán tras su decisión de abandonar, en 2018, el JCPOA.

En definitiva, Irán defiende que todas las medidas aprobadas por Trump -sanciones económicas y calificación de FTO para el IRGC- deben revocarse para poder revivir el JCPOA.

Por su parte, EE. UU. ha respondido a esta demanda de Irán con la contra propuesta de que Irán se comprometa a no atacar y a no asesinar ni a diplomáticos, ni a representantes del gobierno, ni a miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses localizados en el Próximo Oriente y, tampoco, a ninguno de aquellos responsables del gobierno estadounidense que participaron directamente en la decisión de asesinar, en enero de 2020, mediante un dron, al General Qasam Soleimani, comandante en jefe de la Fuerza Quds, brazo armado de élite y clandestino del IRGC para sus operaciones en el extranjero, inmediatamente después de que éste aterrizara en el aeropuerto de Bagdad.

Todas estas represalias hipotéticas iraníes, que EE. UU. pretendía neutralizar con su contra oferta, son, desde la muerte de Soleimani, evaluadas, estudiadas, analizadas y planeadas, repetidamente, por los responsables gubernamentales de Teherán, quienes las definen como parte de “la venganza” iraní.

De forma adicional, EE. UU. añadió al ofrecimiento de transacción, por una posible anulación del calificativo de FTO asociado al IRGC, la liberación de cinco ciudadanos estadounidenses que se encuentran en prisión en Irán.

El gobierno de Irán rechazó la propuesta de EE. UU.

Cabría reflexionar sobre cómo se habrán tomado los aliados de EE. UU. este intento de Biden y de su equipo de proteger, exclusivamente, a ciudadanos estadounidenses de ataques potenciales de organizaciones terroristas iraníes con ese regateo negociador, que recuerda, en otras latitudes, a determinados pactos no escritos entre políticos locales y determinados grupos terroristas.

El bombardeo nocturno, el 12 de marzo de 2022, con doce misiles, de la ciudad kurda iraquí de Irbil por parte del IRGC -que asumió públicamente esa responsabilidad con la justificación de haber atacado un “centro estratégico israelí” (sic)-, en los alrededores del consulado estadounidense en aquella ciudad, fue un recordatorio dramático para todos los actores en este proceso de lo extremadamente difícil que es, para europeos y para israelíes, por ejemplo, aceptar la supresión estadounidense del atributo de FTO de una organización como el IRGC.

Sin embargo, este frenazo en las negociaciones entre las partes tiene implicaciones y consecuencias más amplias y profundas.

La más inquietante es que Irán esté aprovechándose de este parón en las negociaciones para continuar con el avance de su programa nuclear de forma que, además, refuerce su posición negociadora para extraer más concesiones de Occidente, que las ya obtenidas, y que, dentro de seis meses, sea más plausible que Biden y su equipo puedan aceptar la cancelación del epíteto de FTO del IRGC.

Aunque EE. UU. parezca haber olvidado la importancia que el manejo del tiempo juega en la negociación con Irán, tras haberse adentrado en el laberinto de forzar un enfrentamiento militar con Rusia -a través de terceros, Ucrania, por el momento, y, quién sabe si la OTAN, más adelante-, el gobierno de Teherán sigue adelante con su objetivo de convertirse en un país poseedor de armas nucleares y Biden y su equipo parecen estar dispuestos a permitírselo.

A comienzos de mayo de 2022, el director general de la Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) –International Atomic Energy Agency (IAEA), en inglés-, Rafael Mariano Grossi, anunció que Irán ya había acumulado 42 kg. de uranio enriquecido al 60% -esa cantidad enriquecida al 90% permitiría a Irán fabricar una bomba nuclear-, lo que le sitúa, cada vez más cerca, del punto de ruptura –breakout point, en inglés-, desde el que ya no habría vuelta atrás para que Irán se convirtiera en una potencia nuclear o desde el que sería mucho más difícil para Occidente persuadir a Irán para que retrocediera en su programa nuclear.

Para los más optimistas, Irán estaría a menos de ocho meses o de seis meses de traspasar ese punto, mientras que, para los más pesimistas, ese plazo sólo sería de una a dos semanas, sobre todo, si Irán sigue adelante con su plan de producir e instalar centrifugadoras más avanzadas en su programa nuclear.

Si esto fuera así, la presión sobre Israel para intervenir militarmente, con o sin la ayuda de EE. UU., sería imparable porque, para el Estado de Israel, un Irán nuclear representa una amenaza existencial insoportable para su continuidad como nación.

Además, si Irán se convierte en una potencia nuclear, otros países no se quedarán rezagados, por ejemplo, y muy especialmente, Arabia Saudí, que no lo permitiría ante su gran rival regional, lo que haría descarrilar el llamado Diálogo de Bagdad -que Iraq está propiciando entre ambas potencias regionales, ya que Iraq no se puede permitir una confrontación militar entre ellas- y desencadenaría una carrera de armamentos nucleares en el Próximo Oriente.

Simultáneamente, dentro de la política interna estadounidenses, la posibilidad de la obtención por Irán de armas nucleares sería un argumento que el Partido Republicano explotaría durante la campaña electoral de cara a las elecciones de mitad de mandato, que se celebrarán en noviembre de 2022, y cuyo resultado, a la vista de las encuestas actuales, virarán las dos cámaras legislativas para dejarlas en manos de los republicanos.

De hecho, el escenario de que un legislativo controlado por el Partido Republicano, a partir de noviembre de 2022, fuera un anticipo de una victoria republicana, quizás, de Donald Trump mismo, en las elecciones presidenciales de 2024, despierta el temor dentro del gobierno iraní de Ebrahim Raisi, quien sospecha que, en esa eventualidad, vuelva a repetirse la decisión estadounidense de abandonar un posible JCPOA 2.0.

De ahí que las exigencias iraníes para que EE. UU. otorgue garantías de que un JCPOA 2.0 fuera a ser sostenible en el tiempo son imposibles de conceder porque, jurídicamente, el JCPOA no es un tratado, sino, un acuerdo entre partes, basado en el principio del “daño mutuamente asegurado”, y porque, además, políticamente, este entendimiento no puede alterar el sistema de controles y de equilibrios consustancial a la democracia estadounidense.

Sin duda, el Congreso estadounidense se hará oír -mediante revisiones y votaciones, incluso hasta el punto de poder situar a Biden ante el dilema de tener que vetar todas éstas-, antes, incluso, del cambio posible de su mayoría, porque el Partido Demócrata se encuentra en un momento político muy delicado.

Asimismo, la Junta de Gobernadores de la OIEA celebrará una sesión importante durante los primeros días de junio.

En esta reunión, el órgano de gobierno de la OIEA tendrá que tomar una decisión sobre el incumplimiento, por parte de Irán, de la hoja de ruta pactada por ambas partes sobre la identificación que la Organización realizó en 2003 de trazas de radiación nuclear en tres ubicaciones diferentes en el territorio iraní, sobre las que Irán, todavía, no ha dado explicaciones satisfactorias acerca del origen de aquel material, y porqué y por dónde entró al país, como es obligatorio para todos los miembros de la OIEA en situaciones similares.

Si el comportamiento de Irán siguiera siendo inaceptable en este respecto, la OIEA tendría que pronunciarse sobre este asunto, a la vista, especialmente, de la amenaza que ya ha explicitado Irán de que cualquier resolución de censura de la Organización contra ella será tomada como un incentivo bien para que Irán incremente y acelere su programa nuclear o bien para que Irán traslade su actual programa de enriquecimiento de uranio a localizaciones no reveladas para continuar, desde allí, alejado de la vigilancia intrusiva de la OIEA y de la comunidad internacional, su proyecto de fabricación de armas nucleares.

Biden y su equipo están mostrando impaciencia en este proceso porque, desde el comienzo de las negociaciones de Viena, por mor de hacer retroceder las políticas del presidente Trump, han mostrado sus intenciones de estar dispuestos a permitir que Irán adquiera, más pronto que tarde, la capacidad para fabricar armas nucleares y que el IRGC siga proyectando su fuerza y sus actividades terroristas en el Próximo Oriente, siempre que no supongan un riesgo para los diplomáticos, para los soldados y para los políticos estadounidenses.

Biden está a punto de cometer en Irán su tercer gran fallo en política exterior desde enero de 2020.

Primero, Biden forzó que EE. UU. tuviera que ejecutar una retirada vergonzosa de Afganistán.

Posteriormente, Biden está utilizando a Ucrania, militarmente, y está arrastrando a todos sus socios europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y a los de la Unión Europa (UE), como partes interpuestas de EE. UU., para que estén enfrentados a Rusia, tanto militarmente, de forma parcial, a través del suministro de armas a Ucrania, como económicamente.

Nada de lo anterior debería sorprender ya que Biden cuenta en su haber con un balance en política exterior desastroso, desde que comenzó su carrera política, hace casi 50 años, cuando fue elegido, en 1973, senador por el estado de Delaware.

A Biden sólo le quedaría por cometer un cuarto error, éste en relación con Taiwán.

El dinero prudente apuesta a que Biden no defraudará su trayectoria anterior.