En terminología de García Márquez, hasta ahora hemos asistido a la crónica de unos indultos anunciados. Hoy, al fin, se concedieron.
El Gobierno fundamenta la concesión de los indultos a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turul, Carme Forcadelll y Dolors Bassa en razones de “utilidad pública”, uno de los argumentos que recoge la Ley de indultos de 1870 para conceder la medida.
La Moncloa entiende que en los presentes casos la “utilidad pública” consiste en “la necesidad de reestablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española”.
Dos reflexiones: primera, si el Gobierno parte de ese concepto de utilidad pública, en este caso no concurre dicha utilidad; y segunda, aquí la única utilidad que se da es la privada de Sánchez.
En efecto, por lo que afirman los implicados, en los indultos no puede haber utilidad pública cuando no van a restablecer la convivencia y la concordia ni en la sociedad catalana ni en el conjunto de la sociedad española.
Que no existirá tal restablecimiento lo dicen los propios indultados quienes no se han cansado de manifestar una y otra vez que para ellos las únicas medidas que lo harían serían la amnistía y el referéndum de autodeterminación. Y lo manifestaron también la ciudadanía catalana no independentista y el conjunto de la sociedad española que en las encuestas habidas al efecto se ha pronunciado mayoritariamente en contra de los indultos.
Lo que se ha hecho en el Consejo de Ministros ha sido disfrazar de “pública” una verdadera utilidad “privada” que consiste en el “autoindulto” del que habló nuestro Tribunal Supremo. Y es que si conceder el indulto es la única verdad a la que se ha atenido Sánchez no es porque hubiera corregido ahora su empedernido vicio de mentir.
Cumplió porque está en juego la estabilidad parlamentaria y con ella su permanencia en La Moncloa y la nómina segura para todos sus adláteres.
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