Hablo de política conmutativa para referirme a una situación en la que hay un intercambio de prestaciones entre dos o más formaciones políticas con vistas a alcanzar un objetivo común. En Román paladino: el que necesita de otros para alcanzar el poder (PSOE) se compromete con otras formaciones políticas (Podemos, independentistas y filo-etarras) a procurarles ciertas ventajas, en este caso, en el ámbito de la justicia, a cambio de sus votos. Como se desprende de lo dicho, las contraprestaciones son recíprocas e interdependientes: el PSOE debe el comportamiento prometido en el ámbito de la justicia y la otra parte contratante ha de votar en el sentido pactado. Y el objetivo común es que Pedro Sánchez sea investido presidente al obtener los votos suficientes para contar con la confianza del Congreso de los Diputados.
La situación a la que me refiero tiene hoy una significación especial porque, una vez celebrado el juicio contra el “procés” y pendientes de la sentencia que dictará en su día la sala Segunda del Tribunal Supremo, ha quedado abierto el tiempo para que el PSOE pueda iniciar las maniobras necesarias para poder cumplir sus compromisos con las formaciones que le han prometido sus votos. En efecto, en una actuación que tiene todos los visos de estar orquestada, empiezan a surgir voces desde el citado partido que defienden (en estos momentos iniciales con suavidad) que el Gobierno debería “estudiar los indultos a los presos soberanistas”, avanzando, además, el deseo de que la futura sentencia de la sala Segunda del Tribunal Supremo “no comprometa el diálogo”.
Los mensajes que se lanzan son dos y a destinatarios diferentes: el del “estudio” de los indultos va dirigido al Gobierno que parece a petición suya; y el de la “sentencia” no comprometedora del diálogo (?) es una misiva para el Tribunal Supremo que, por muy benévolo que se sea, suena a injerencia y presión sobre nuestro Alto Tribunal.
Pero “abierto” el tiempo de la veda, las garras rapaces de la política empiezan a posarse sobre otras piezas. Ahora, y según publica ABC “el actual mandato de la fiscal general del Estado, María José Segarra, tiene los días contados”. Al parecer la pérdida de confianza de la fiscal general obedece a que su actuación en el «procés» se ha caracterizado por la confianza plena en el criterio de los cuatro fiscales de Sala que llevaron el caso desde su inicio. Es decir, que al PSOE no le gustó lo que alabamos quienes seguimos el juicio: la gran capacitación y profesionalidad de cuatro los fiscales del Tribunal Supremo que ejercieron la acusación pública.
El Gobierno se queja, en voz baja, de que Segarra no hubiera cedido un ápice a sus presiones, que en el caso de la Abogacía del Estado se tradujeron en el relevo de Edmundo Bal, al negarse a modificar la calificación de los hechos y rebajar a sedición lo que durante toda la instrucción de la causa los servicios jurídicos del Estado habían considerado rebelión. Lo cual causó una crisis sin precedentes en la Abogacía del Estado.
Pues bien, en la política conmutativa que presenciaremos en los tiempos que se avecinan se irán explicitando los comportamientos prometidos por el PSOE, desde los referidos a los indultos al sentido de la propia sentencia, pasando por la designación de un nuevo fiscal del Estado y, al parecer, por asegurar una plaza a ERC en el próximo “Poder Judicial”.
Es muy posible que a la generalidad de la ciudadanía todo esto le importe poco, ya que no tiene muy claros los límites de la política y de la justicia. Pero a los que todavía creemos en el Estado de Derecho nos causa una profunda decepción cómo el poder político no tiene reparo en lanzar sus garras de ave rapaz sobre la indefensa ave de la justicia.
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