La pandemia del coronavirus ha provocado la crisis más importante de los tiempos modernos, proyectándose en tres ámbitos: el sanitario (el más importante), el económico y el social. Quedan muchos puntos oscuros por aclarar, pero sobre todo tres: si la situación de pandemia se declaró a tiempo o no; si eran previsibles sus gravísimos efectos, sobre todo en lo concerniente a la Salud y la Vida; y si se tomaron a tiempo las medidas de protección, primero para los sanitarios y después para los infectados.
En el punto en el que estamos, la ciudadanía parece que ha tomado tres caminos diferentes: hay quienes defienden a capa y espada la actuación del gobierno; hay quienes atacan implacablemente su actuación y hay un tercer grupo que propone que se deje el ajuste de cuentas para cuando ya haya pasado la gravedad de la situación.
En la clase política las actitudes parecen dividirse en dos: el gobierno y sus defensores proclaman que se ha hecho todo bien y piden unidad hasta que venzamos la pandemia; y la oposición política que censura agriamente la actuación del gobierno en el triple plano indicado, el sanitario, el económico y el social.
Pero ayer surgió una novedad: el vicepresidente del gobierno para asuntos sociales, Pablo Iglesias atacó desde el gobierno a la presidente de la Comunidad de Madrid diciendo que lo que sucedió (se refiere solo a Madrid) con las Residencias de ancianos, “es un escándalo, sino un crimen”.
Ésta intervención del vicepresidente del gobierno merece, en mi humilde opinión, los siguientes reproches.
1). Contradice la estrategia general del gobierno de pedir unidad ahora y dirimir las responsabilidades cuando pase todo. Y es que no parece ni serio ni creíble que el presidente pida unidad para vencer al COVID-19 y el vicepresidente acuse a la presidente de la Comunidad de Madrid de actos de naturaleza “criminal”.
2). Supone una exención personal de responsabilidad cuando fue el propio señor Iglesias quien el 19 de marzo en comparecencia pública con el ministro Illa asumió expresamente la gestión del CIVID-19 de las Residencias de ancianos. Esta intervención, en la que anunció la aportación de 300 millones de euros para reforzar las residencias y la dependencia, puede verse en vídeos de esa fecha, por lo cual no se comprende el ataque contra la presidencia de la Comunidad de Madrid, cuando él es el último responsable de la cuestión. Es como si se estuviera echando basura sobre su propia cabeza.
3). Hay un informe de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología en el que, entre otras cosas, se dice: “El pasado 3 de marzo falleció la primera persona afectada por coronavirus en Madrid: una mujer de 99 años, ingresada en el Servicio de Geriatría del Hospital Gregorio Marañón, que vivía en una residencia de mayores. Es éste un hecho que ha acabado convirtiéndose en muy importante. Porque reúne de forma gráfica tres detalles que no hay que olvidar: el culpable es el coronavirus, afecta más a personas mayores muy vulnerables (especialmente a las personas ingresadas en residencias) y no se ha negado la atención hospitalaria de alto nivel a ningún anciano vulnerable si se consideraba necesario”. Y más adelante añade: “De todos los muertos por COVID19 el porcentaje en residencias de ancianos sobre el total de fallecidos es muy alto en todo el mundo: 82% en Canadá, 51 % en Francia, 58% en Noruega, 49% en Suecia, 40% en Estado Unidos o 30% (sólo confirmados por PCR) en España. Como se puede observar hablamos de países de alto nivel de desarrollo económico y social. La OMS estima que la mitad de las muertes por COVID19 en Europa se han producido en ancianos ingresados en residencias”.
Son tantas las salidas de tono del vicepresidente del gobierno que hay que empezar a creer que se trata de una táctica política entre Sánchez e Iglesias. Éste hace declaraciones disparatadas para entretener al personal. Y, mientras tanto, el presidente del Gobierno pueda silenciosamente pagar sus favores, como el de Trapero a los independentistas, o salvar a sus soldados “Ryan” como el Delegado del Gobierno de Madrid utilizando torcidamente la Fiscalía de Madrid y la Abogacía del Estado.
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