Hay quien dice –y no son pocos- que nuestra vida política actual está judicializada. No les falta razón, pero más que subrayar que hay una intervención muy relevante de los tribunales, lo que conviene dejar patente es que nunca como ahora se han producido tan reiterados y graves incumplimientos de la Constitución y las leyes.
La cuestión, por tanto, no es tanto si en la vida política actual hay un excesivo protagonismo de los tribunales, sino si en nuestros días los políticos son investigados, procesados, juzgados y condenados por haber llevado a cabo comportamientos contrarios a la Constitución y las leyes.
En el Preámbulo de la Constitución se menciona la justicia como primer valor que desea instaurar la Nación española. Y la primera declaración de voluntad que proclama es la de “garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo”.
Pues bien, esta declaración que figura en nuestro Ordenamiento Jurídico desde 1978, ha cobrado actualidad por dos comportamientos totalmente inesperados de algunos de nuestros políticos. Por orden de gravedad: el de los sediciosos catalanistas que infringieron la Constitución y el de los políticos corruptos que se enriquecieron allegando a su peculio personal lo que pertenecía a la generalidad de la ciudadanía a la que aparentemente servían.
El Rey de España, Jefe del Estado, hizo saber a todos los que la vieren y entendieren que Las Cortes aprobaron y el pueblo español ratificó la Constitución de 1978. Desde el mismo día de su publicación, la Constitución entró en vigor y se convirtió en el guion al que obligatoriamente tenían que atenerse todos los que quisieran convertirse en protagonistas -o, lo que es lo mismo, actores- de la obra que asegura la convivencia democrática.
Mas he aquí que en los últimos años hubo unos actores que se apartaron voluntaria y gravemente del guion de 1978 y pusieron en marcha, por su cuenta, una representación que desató la inmediata intervención de los actores encargados de hacer cumplir el guion aprobado por el pueblo español en 1978. Esos actores, pasado el primer momento de euforia, están hoy huidos y procesados o investigados por rebeldía y sedición. Pero adviértase: la judicialización de la política no es una decisión caprichosa o arbitraria de los tribunales, sino la secuencia inevitable que determina el guion cuando hay alguien que se separa ilícitamente del mismo.
Y otro tanto sucede con la corrupción. El artículo 128.1 de la Constitución (el guion) dispone que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Por eso, cuando algunos actores volvieron a actuar por su cuenta y, anteponiendo su interés personal sobre el general, detrajeron recursos de la generalidad de la ciudadanía para sus peculios personales nuevamente se desató la intervención de los actores (los tribunales) encargados de velar por la represión de los delitos. También en este caso no se trata de que haya unos actores que entraron en escena cuando no les tocaba, sino que hubo actos previos de corrupción política que exigieron su inmediata intervención.
Por eso, cuando se dice que la vida política está judicializada, lo que debe tenerse presente de manera inmediata es que esa circunstancia no obedece a un deseo caprichoso de los tribunales de hacer política, sino a que algunos políticos se han saltado dolosamente un guion que conocían perfectamente y que había jurado o prometido cumplir y hacer cumplir.
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