En una Nación que sea una democracia avanzada, además de la política exterior y la de defensa, hay otras tres materias que deberían formar parte de un pacto de Estado entre las fuerzas políticas mayoritarias: la educación, la sanidad y la justicia. En España, se puede afirmar que, desde la entrada en vigor de la Constitución, hay unas líneas generales, tanto en política exterior como en defensa, que han venido siendo mantenidas por todos los partidos que han formado gobierno.
En las otras tres materias, las cosas ha sido diferentes. En sanidad, aunque ha habido propuestas por parte del sector nunca han llegado a cristalizar en un pacto de Estado (vid., por ejemplo, Diario Médico de 24 de septiembre de 2019 en el que se habla de la Jornada de Asedef que sostiene que “Un pacto de Estado por la Sanidad exige un pacto para cambiar la cultura de la asistencia).
En materia de enseñanza, las cosas fueron más lejos. Cuando accedió al Ministerio de Educación en el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, Ángel Gabilondo trabajó en lograr un pacto por la Educación. Y cuando estaba por escrito y a punto de firmarse, el PP decidió no sumarse al mismo.
En materia de Justicia fue donde se avanzó más. Bajo la presidencia de José María Aznar, el PP y el PSOE firmaron un pacto por la justicia. Pero no tardaron en culparse ambas partes de incumplirlo. Hasta que finalmente Zapatero decidió romperlo.
Ahora, se vuelve a hablar de un nuevo pacto por la Justicia y el PP lo condiciona a la previa tipificación como delito de la convocatoria de un referéndum ilegal, a reforzar la euro orden y a recuperar el delito de rebelión impropia. Si el PSOE accediera a estas tres exigencias, se dificultarían extraordinariamente las posibles concesiones pactadas por Sánchez con los de ERC, razón lo la cual creo que seguiremos en esta legislatura sin pacto por la Justicia.
Política