Una de las ventajas de la digitalización y de la subsiguiente circulación de noticias por las redes sociales es que, a poco que se les preste atención, podrán verse noticias cuando menos sorprendentes. Así, hace apenas cuatro días se publicó en la prensa digital que, con fecha del pasado 24 de julio, la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, adscrita a la Fiscalías especiales antidroga y anticorrupción, acababa de comunicar que se habían agotado los fondos reservados. Razón por la cual hasta “nueva orden” quedaba temporalmente suspendida cualquier actividad. Ante tan insólita situación, la Asociación Unificada de Guardias Civiles emitió un comunicado resaltando la gravedad de la situación que afectaba a todas las unidades de la Guardia Civil.
Para aquellos que no lo sepan, las misiones de la UCO son, de un lado, investigar y perseguir los asuntos relacionados con la delincuencia organizada, económica e internacional (tráfico de drogas, blanqueo de capitales, fraudes y delitos graves de contrabando, delitos telemáticos, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, etc.) y, de otro, sirve de enlace para la colaboración con otros servicios afines nacionales e internacionales. Se trata, en definitiva, de la unidad de elite de la policía judicial española que se encarga de la investigación de la delincuencia especializada.
La cuestión es grave y parece que deja sin actividad a una de las unidades anticrimen más importantes del país. Pero claro, si agotaron los fondos y no pueden habilitarse otro suplementarios, ¡qué se le va a hacer!
Ahí deberían quedarse las cosas, de no ser porque lo que antecede contrasta con la noticia que sigue. El 23 de julio de 2018 la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior -es decir un día antes del comunicado de la UCO- firmaba una Resolución por la que se declaraba urgente la tramitación de diversos expedientes para atender las necesidades de la llegada inesperada (?) y masiva de inmigrantes a las costas del arco sur de España (Almería, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva) por un importe total de 3.472.332 €. Con estos fondos, se habilita el llamado “Centro de Acogida Temporal de Extranjeros” y se prevé la licitación de partidas para la alimentación de los inmigrantes acogidos, se les proveerá de kits de ropa y calzado, se adquirirá mobiliario para sus estancias, y se mejoraran las infraestructuras para su alojamiento.
Bien está que ayudemos a los inmigrantes, pero no somos un país tan rico como nos gustaría para poner en práctica nuestra reconocida generosidad y solidaridad con los más necesitados. Pero eso no me resisto a exponer unas dudas que me asaltan: si la manta de los presupuestos del Estado no cubren por desgracia todas nuestras necesidades ¿qué parte dejamos al descubierto? ¿No estaremos desnudando un santo para vestir otro? ¿Y si fuera así, cuál de los dos santos sería prioritario? Por último, ¿se puede decir seriamente que el gobierno actual no está provocando un efecto llamada? Ustedes mismos.
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