Cuando en mi juventud añoraba la llegada de la democracia jamás se me pasó por la cabeza que la actividad política llegaría a ser una especie de mercancía objeto de publicidad comercial. En parte por falta de experiencia democrática y en parte por la entonces inevitable idealización de la democracia, tenía dicha actividad por una tarea sublime por ocuparse de la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos. Imaginaba entonces a los mejores de nosotros dedicados con honradez y generosidad a organizar las obsoletas estructuras autocráticas del viejo régimen para construir un Estado social y democrático de Derecho. Y he de confesar que en los primeros años de la democracia me sentí plenamente satisfecho del modo en que los políticos de la transición hicieron disipar los negros nubarrones que nos amenazaban.
Desde entonces hasta hoy, las cosas han cambiado y tengo la impresión de que está empeorando nuestra salud democrática. La causa del deterioro institucional que estamos padeciendo no está, en mi opinión, en el sistema mismo, sino en la manera en que se desarrolla hoy la actividad política. Estoy seguro de que cada lector podría exponer uno o varios aspectos de la situación actual que le resultan insatisfactorios. Desde el elevadísimo e inaceptable número de ciudadanos sin trabajo, hasta el galopante y vergonzoso saqueo que han venido sufriendo las arcas públicas por algunos –no se puede generalizar- políticos y empresarios corrompidos que se han aprovechado de la confianza que teníamos los ciudadanos en la supuesta honradez de los que administraban nuestros intereses.
Lo que antecede explica que se haya ido produciendo un progresivo y alarmante alejamiento entre la actual clase política y los ciudadanos en el que la última guinda del pastel es que aquéllos nos vienen considerando más como clientes que como los portadores de los intereses que tienen que administrar y defender. Lo cual es una perversión democrática mucho más grave de lo que parece, porque los que nos representan nos han convertido en mercancías votantes con las que trafican comercialmente.
No me refiero ahora a la propaganda que realizan en las campañas electorales, que son una pieza imprescindible del sistema democrático mientras existan ciudadanos que no tengan decidido su voto, sino a otro fenómeno. Y es que al igual que los comerciantes, industriales, artesanos o profesionales que anuncian sus prestaciones, los partidos políticos aparecen en los periódicos, en las emisoras de radio, y en las televisiones, pero no para rendirnos cuenta, como administradores que son, del resultado de la gestión que les hemos encomendado. Tampoco para criticar constructivamente la actividad de sus adversarios políticos, haciendo contrapropuestas que mejoren las de éstos. Lo hacen, además de para descalificarse mutuamente, para persuadirnos de que “contratemos” sus servicios con nuestro voto.
Pero no lo hacen abiertamente. Recurren a la llamada “publicidad encubierta”: los ciudadanos leemos, escuchamos o vemos las noticias políticas, sin ser verdaderamente conscientes de que son mensajes publicitarios con los que nos incitan a “comprar” su actividad. Lo más grave no es que los partidos se hayan convertido en anunciantes, es que ni siquiera respetan los límites de la publicidad comercial: no dicen siempre la verdad, denigran a veces innecesariamente a sus adversarios, y encubren sus comunicaciones comerciales con el manto de la noticia. Todo lo cual le está terminantemente prohibido a los demás empresarios que hacen este tipo de publicidad.
Otros temas