En el Diccionario de la RAE, la acepción 13 de la palabra Derecho es “conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva”. Según mi profesor de Filosofía del Derecho, José Lois Estévez, el derecho es “la compatibilización “aliorrelativa” de las libertades humanas en un orden constante”.
Entre ambas nociones se puede elaborar otra que podría quedar así: el derecho se traduce en principios y normas, que aspiran a expresar una idea de justicia y orden, lo cual exige que puedan coexistir (idea de compatibilización) las libertades humanas las unas con las otras (idea de “aliorrelatividad”) en un orden constante (finalidad última que persigue el Derecho), y que tienen fuerza obligatoria para todos (su observancia pude ser impuesta de manera coactiva por el Estado).
Por su parte, la democracia es una forma de organizar la expresión de las libertades de los ciudadanos para que la soberanía política reside en el pueblo. Y la democracia parlamentaria o representativa, que es la establecida por las Constituciones de nuestro entorno, consiste, por tanto, en encauzar la voluntad popular mediante representantes de los ciudadanos surgidos de elecciones libres y periódicas que ocuparán las cámaras o asambleas de las que emanará la ley como expresión de dicha voluntad. Como dijo el presidente Licoln con singular fortuna “la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.
Finalmente, los significados de la palabra “política”, según el Diccionario de la RAE que ahora interesan son: “7. Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados y 8. Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos”.
Pues bien, basta leer con detenimiento las ideas que anteceden para caer en la cuenta de que la política es una actividad para regir o gobernar a los ciudadanos; que el derecho es el conjunto de normas o principios contenidos en las leyes y que compatibilizan las libertades de los ciudadanos conforme a unas ideas de justicia y orden; y que la democracia encauza la voluntad de los representantes del pueblo expresada en una cámara con el alcance limitado de expresar en la ley la soberanía del pueblo representado.
De lo que se acaba de decir resulta que se equivocan tanto los que equiparan los resultados de las elecciones democráticas a las cámaras de representantes con la democracia misma, como los que contraponen política y derecho. La democracia, lejos de ser un fin en sí mismo, solo es el mejor medio posible de organizar la manera en la que la voluntad popular, la soberanía del pueblo, se exprese en la Ley. Además, la democracia no es un fin en sí misma porque cada ley forma parte del derecho, que es el conjunto de todas las leyes, cuyo objeto es compatibilizar las libertades de unos ciudadanos con las de los otros y que tiene fuerza obligatoria para todos. Y la política es arte o modo de regir los asuntos públicos de acuerdo con los principios y valores de una sociedad previamente recogidos en la Ley Fundamental del Estado de que se trate.
Por todo lo hasta aquí dicho, no tienen razón los independentistas catalanes al dar a las elecciones al parlamento autonómico el valor de expresión suprema de toda la voluntad del pueblo catalán. Hoy por hoy, y mientras no cambie el Ordenamiento Jurídico español, los resultados de las elecciones al parlamento catalán no representan las voluntades de todos los ciudadanos de Cataluña y son todas estas voluntades (y no solo las que representan la mayoría en el Parlament) las tienen que compatibilizarse con el resto de las voluntades de los demás españoles. Y, por último, cualquier acción de gobierno por parte de los dirigentes catalanes que tenga por objeto a alterar este “statu quo” es al mismo tiempo política e intrínsecamente jurídica, toda vez que persigue alterar el conjunto de normas que forman nuestro Ordenamiento Jurídico que nos hemos dado para gobernar compatibilizando las libertades de todos conforme a un orden económico y social justo.
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