Escribió Ortega y Gasset que o se precisa, o se hace literatura o se calla uno. Por lo general, los juristas tendemos a precisar; es decir, a expresar nuestros pensamientos de forma rigurosa. Inés Arrimadas es licenciada en Derecho y, por consiguiente, esperaba de ella que, al efectuar sus declaraciones en nombre del partido Ciudadanos al que pertenece, conservara la precisión y el rigor que se adquieren cuando uno estudia la carrera de Derecho.
Pero debe ser tan fuerte el peso de la dialéctica en la política que mueve a los que ejercen esta actividad a deformar a sabiendas la realidad con el fin de favorecer los intereses del partido al que pertenecen.
Viena a cuento lo que antecede porque Inés Arrimadas, en la rueda de prensa que siguió a la reunión de la ejecutiva -que tuvo lugar el día en que expiraba el plazo que marcó Ciudadanos para que el PP removiera al presidente de Murcia-, declaró: “La que está liando el PP en Murcia. No entendemos que hasta el propio Rajoy se dedique a tapar la corrupción en Murcia y nos preguntamos qué sabrá Pedro Antonio Sánchez para que hasta el presidente le dé protección”.
Estoy completamente seguro de que Arrimadas sabe a ciencia cierta que la razón por la que el PP mantiene en su cargo a Pedro Antonio Sánchez no tiene absolutamente nada que ver con que el presidente de Murcia sepa “secretos inconfesables” de Mariano Rajoy o del PP. Si “mentir” significa “decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa”, ser riguroso me obliga a afirmar que Inés Arrimadas en este caso mintió: manifestó lo contrario de lo que creía. Y ello porque la señora Arrimadas sabe perfectamente que el PP no cesó a Pedro Antonio Sánchez porque está esperando a conocer la decisión del juez sobre si sobresee la causa o prosigue las diligencias manteniendo al presidente murciano como encausado.
Lo que no acaba de entenderse es la “impaciencia” de Ciudadanos por eliminar cuanto antes de la escena política a Pedro Antonio Sánchez. Es verdad que él se comprometió públicamente a dejar voluntariamente el cargo si lo imputaban. Pero también lo es que el solo hecho de ser llamado por el juez a declarar, que es lo que ha sucedido hasta ahora con Pedro Antonio Sánchez, no supone, en rigor, reproche de “corrupción” sobre el presidente murciano.
Si se miran las cosas desapasionadamente y más allá del juego político, lo único que hay hasta ahora son unas diligencias judiciales de averiguación sobre una presunta prevaricación administrativa, en las que el juez instructor ha decidido, como no podía ser de otro modo, dar efectividad al principio de audiencia y escuchar al investigado.
¿Qué razón hay para que Ciudadanos pida impacientemente el cese del presidente de Murcia simplemente porque se ha dado efectividad al principio de audiencia en lugar de esperar a la decisión del juez una vez oído al investigado? Yo no encuentro ninguna, ni siquiera el hecho de que Pedro Antonio Sánchez se hubiera comprometido a dimitir si lo llamaban a declarar. Me induce a pensar de esto modo la posible existencia de una divergencia entre la voluntad manifestada por Pedro Antonio Sánchez (dimitiré si me llaman a declarar) y lo que realmente pensaba (dimitiré si el juez ve indicios racionales de que he cometido un ilícito penal). Y es que no acabo de entender cómo se puede defender el cese de cualquier político por el solo hecho de que se ponga en juego un principio procesal como es el de “audiencia” al investigado (nadie puede ser condenado sin ser oído). Y esto lo sabe también la abogada Inés Arrimadas.
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