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Velasco, ni a escarbar cebollinos ni a Onteniente

Velasco, ni a escarbar cebollinos ni a Onteniente
Marisa Gallero el

 

Lo consiguió. El juez Eloy Velasco no se irá a «escarbar cebollinos» ni «a Onteniente», sino a la recién creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional por decisión del Consejo General del Poder Judicial. El instructor de Lezo, Púnica y Acuamed ya dejo claro en una entrevista cuál era el destino que anhelaba, sin importarle dejar sus casos empantanados, porque «no hay nadie imprescindible».

El juez que no tiene tiempo para instruir, pero sí para hablar de su libro, continúa tomando decisiones que dan que hablar. Como fijar una fianza de 400.000 euros a Francisco Granados, después de dos años y medio entre rejas, porque «ha disminuido el riesgo de fuga». La destrucción de pruebas como eufemismo judicial.

O descartar pedir al Tribunal Superior de Madrid la imputación de Cristina Cifuentes, teniendo en la mesa distintos informes de la Guardia Civil implicándola en la financiación ilegal del PP por la adjudicación de un contrato amañado a Arturo Fernández, cuando era la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, formaba parte del patronato de Fundescam y estaba en el comité de campaña.

Mientras en el Partido Popular se dispara con fuego amigo —«todavía retumba los ecos de que el “tiempo de los corruptos ha llegado a su fin” que pronunció el 2 de mayo», comentan entre sus filas—, quemando las últimas naves, será otro magistrado quién decida si se hizo la rubia o su papel no fue determinante.

También ha citado como imputados a 52 personas, entre ellas a Juan Miguel Villar Mir, tras la caza mayor de Ignacio González, cayéndose por el camino Eduardo Zaplana. Y esto no es casual. Velasco fue nombrado a dedo director general de Justicia de la Generalitat valenciana por Zaplana dos meses después de llegar a la presidencia. Ocho años más tarde era cesado con Francisco Camps.

En 2010, ya en el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, quién había tenido un cargo político firmaba el manifiesto de la Plataforma por la despolitización y la independencia judicial. Esas vueltas de la vida.

Entrando en Lezo, más allá del nivel de las conversaciones pinchadas a González —«Vamos a ver, Eduardo. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha: Tenemos a un juez que está provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo: ‘A ver, venga usted ‘pa acá’. ¿Cuál es la plaza que le toca? ¿Onteniente?’ A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño»—, el juez señalaba que la mano derecha de Esperanza Aguirre estaría proponiendo a Zaplana crear una estructura financiera opaca para comercializar un producto de desinfección de agua.

Si analizamos su forma de instruir, imputó a Pedro Antonio Sánchez por «tener intención de» cerrar un contrato para gestionar un asesoramiento de imagen de 34.000 euros. Y a Federico Ramos de Armas por un correo electrónico preguntando si «¿se puede llevar esa liquidación» y una reunión con FCC donde supuestamente se pactó una «compensación indebida» de 40 millones para la reparación de la desaladora de Bajo Almanzora. Por esa misma regla de tres, también podría haber investigado a quién fue su jefe directo, pero claro, tendría que haberse inhibido de la causa. ¿Doble vara de medir u otro tipo de intereses?

A partir de junio, Velasco y su ambigüedad será junto a Enrique López quién ejerza en la Sala que controlará a todas las demás, con sus resoluciones y absoluciones. Por si algún iluso todavía cree que se ha librado de su presencia y se ha quitado un peso de encima.

 

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