Esta es la triste, triste historia de un expolio autorizado por el Gobierno en la República de Uruguay, certificado por arqueólogos —paradójicamente formados para que el patrimonio sea estudiado y conservado y a su vez responsables de la formación de nuevas generaciones de arqueólogos— y ratificado antes de que se hiciera el estudio científico que merecen los restos de un buque español hundido en 1812 o que se rindiese el merecido homenaje a los soldados ahogados -más de 500- que aún yacen visibles en el sitio arqueológico y que debieron recibir un trato menos infame. Y por si esto fuera poco, la historia del reparto al 50% de los objetos extraídos de El Salvador, hundido frente a Punta del Este durante una tempestad, tiene un vínculo -al menos- con el intento de vender hasta la mitad del tesoro del galeón San José en Colombia.
Que sepamos, ninguno de estos hechos ha sido tenido en cuenta por el Gobierno español, que no ha sido informado oficialmente, pero que tampoco ha estado alerta frente a un caso ya denunciado aquí hace más de dos años. Tampoco se ha emitido la más tímida protesta por el paso dado en Uruguay. Pero allí, con todos los sellos oficiales, se ha borrado un capítulo de nuestra historia compartida y se han repartido los despojos de los marinos y soldados muertos en el cumplimiento del deber y que ahora forman un ejército fantasmagórico de esqueletos que aún visten parte de sus uniformes y que conservan incluso tejidos blandos, según han descrito a este blog algunos de los implicados y consta en uno de los primeros escasos informes disponibles, escrito por un arqueólogo en 2000.
Enviados, naufragados y después olvidados por todos. No ha habido ni una ceremonia de homenaje o de respeto a los infortunados miembros del batallón de la Albuera. Pero tras los permisos dados hace veinte años que permitieron que se violentase esta tumba marina de un buque de Estado español, situada apenas a un par de cientos de metros de la playa Mansa, en Punta del Este, miles de objetos fueron extraídos en una operación que muy poco tuvo de arqueología. Recientemente han sido divididos en dos lotes por los propios cazatesoros. Lo que han hecho los arqueólogos uruguayos responsables actualmente ha sido acordar el cierre del contrato promoviendo la elección uno de esos lotes para el Gobierno de Uruguay y la entrega del otro para su venta a los cazatesoros Héctor Bado y Sergio Pronczuk.
¿Qué puede justificar una acción como esa? «Evitar juicios con los privados a los que se autorizó para rescatar los restos», se dice oficialmente. Eso sí, la decisión contrasta con el caso del águila nazi extraída del célebre buque alemán Graf Spee, para la que Uruguay ha decidido ir a juicio si es necesario con tal de evitar el reparto. Esa historia y esa pieza única merece la pelea en tribunales pero los botones, armas y demás pertenencias de los soldados del batallón de la Albuera, protagonistas de un episodio fundamental de la historia de los dos países, la historia que compartimos, no han tenido la misma fortuna. Nuestro desprecio por su suerte es un segundo naufragio para ellos.
Para tomar la decisión, el Ministerio de Defensa de Uruguay dio un golpe de timón hace muy poco tiempo y formó un “Grupo Coordinador para Hallazgos, Pecios y Materiales Arqueológicos” (GCH-PEMA), al que con fecha 26 de abril de 2017 encargó la coordinación de cualquier trabajo de arqueología subacuática en las costas del país. La medida provocó una gran tensión con los departamentos de Cultura y Patrimonio. Pero Defensa puso al cargo de este grupo a Rubén López, asesor del ministro, como coordinador; dos miembros de la Armada, y también dos asesores: el arqueólogo Valerio Buffa y el curador Alejo Cordero.
Ellos han ratificado, según se publicó en el Boletín del Ministerio de Defensa uruguayo el 18 de abril de 2018, el reparto al 50% de los miles de objetos detectados desde 1998, esos citados despojos de las pertenencias de los soldados y marinos españoles: catalejos, botones, cubiertos, sables, empuñaduras, trabucos y pistolas, más el cargamento de un navío de porte, de 50 metros, al que se suman objetos religiosos, piezas del ajuar y, por supuesto, cañones y aparejos del propio buque.
“No teníamos otra forma de cerrar el contrato”
Puestos al habla con uno de ellos, Alejo Cordero, nos pide que dejemos constancia de la trayectoria de ambos en defensa del Patrimonio Cultural Subacuático y su papel en el final de la era de los contratos con cazatesoros en Uruguay, algo que también apuntamos en una entrada anterior, pues parecía que no se utilizarían más [hace dos años fuentes del caso nos prometían la no renovación del contrato con Rubén Collado para el navío Lord Clive (naufragado en 1763) y la extinción de acuerdos sobre 230 pecios, en 25 áreas marítimas, que se habían suscrito con 9 empresas de buscadores de tesoros, una etapa cerrada que el caso de El Salvador ha traído a la actualidad de nuevo].
Afirma Cordero que a los dos arqueólogos no les quedaba otro remedio que firmar como miembros del Grupo GCH-PEMA “porque no había otra forma de cerrar el contrato hecho en tiempo s de Lezama, hace veinte años”, a quien extienden la responsabilidad sobre lo ocurrido. Subraya que el modo en el que se separaron los lotes no es obra suya -cosa que ha quedado clara en este reportaje-, sino de los privados, pero acepta que ambos han firmado la entrega de materiales sin mostrar un voto particular ni explorar otras vías de indemnización que no supusieran la venta de objetos de poco valor comercial pero incalculable valor histórico. Esta noticia ha levantado un considerable debate durante todo el día de hoy y muchos arqueólogos se ponen en contacto con el blog para reiterar la necesidad de acabar cualquier contacto con estas empresas por el daño que a la larga causan a todos, como al patrimonio.
Docente en la Especialización creada en Colombia
Se da la circunstancia de que Alejo Cordero es, asimismo, uno de los profesores destacados de la especialización en patrimonio subacuático que la Universidad Externado de Colombia ha puesto en marcha y en el que participan otros profesores que han tenido contactos con empresas de cazatesoros -e incluso han cobrado de la empresa Maritime Archaeology Constultants Switzerland (MACS) que preparaba la extracción de todo el tesoro del galeón San José, como ya hemos informado.
En efecto, en la citada especialización de Externado se ha logrado una mezcla muy polémica de profesores. Para empezar, muy destacadamente figura como profesor Ernesto Montenegro, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia Nacional (ICAHN), que fue el responsable de las campañas realizadas con MACS para la detección del galeón San José y que además ha estado al frente del proyecto de Asociación Público Privada —de hecho ha sido su mayor paladín— según el cual se iba a eliminar la calificación patrimonial al menos a la mitad de lo extraído del San José y se iba a pagar a MACS con metales al peso, sin tener en cuenta su valor patrimonial.
Además, el arqueólogo Carlos del Cairo participó en la prospección del galeón San José, según él declaró a este blog como enviado de su Gobierno, pero documentos judiciales muestran que cobró de la empresa cazatesoros la considerable cifra de 48.000 dólares en aquella fase de octubre de 2017. La publicación de ese hecho fue otro motivo de polémica con el curso de Externado., desde donde siempre se ha insistido en dejar claro que nada tiene que ver esta especialización con el proyecto del San José puesto en marcha por el expresidente Juan Manuel Santos y que el actual presidente, Iván Duque, mantiene en suspenso. España, en este caso, tampoco ha sido capaz de abrir una vía de interlocución para resolver el problema asociado a uno de los naufragios más importantes de la historia y que merece mantener alejados a los cazatesoros para que los científicos puedan convertir su estudio y eventual excavación en algo puramente arqueológico y no comercial.
[Desde Espejo de Navegantes subrayamos que desearíamos ayudar a que se logre la solución científica, en términos de cooperación con España -siempre que desde nuestro país se den los pasos necesarios- y nos gustaría que España participe en las investigaciones y excavación oficialmente, pero creemos que todos los restos excavados deberían quedarse en Colombia. Por eso llevamos peleando y denunciando los caminos ambiguos o directamente crematísticos adoptados por Colombia desde 2013 cuando se cambió la ley para poder hacer un proyecto con cazatesoros.]
Ahora, el hecho de que Alejo Cordero haya sido uno de los dos técnicos que ha elegido entre los lotes de objetos procedentes de El Salvador —y del buque Agamemnon, hundido en las mismas aguas— y haya suscrito el reparto con cazatesoros de todo ese material, que no ha sido estudiado científicamente y previsiblemente nunca lo será, arroja una nueva sombra sobre un tercer docente del citado curso en el que estos nombres figuran junto a arqueólogos de indudable prestigio internacional, desde el portugués Filipe Castro de Texas A&M, o el argentino Nicolás Ciarlo, al mexicano Roberto Junco y arqueólogos españoles como Arturo Rey da Silva o José Manuel Matés Luque. Otros muchos han sido invitados a dar clases magistrales. Algunas voces, dentro y fuera de Colombia, han expresado que resulta difícil homologar estos episodios con las buenas prácticas de la arqueología mientras no se delimite el influjo de los casos poco ejemplares que algunos de los miembros de ese cuerpo docente podrían cargar en su currículum.
Historia de El Salvador, el barco al que nadie pudo salvar
La historia del navío Salvador es ya bastante triste antes de todo esto: era un carguero que transportaba tropas hacia Perú pero que fue desviado hacia Montevideo para sofocar el sitio que la capital sufría por las fuerzas de emancipación. El batallón de la Albuera, formado por unos 500 soldados, viajaba en el navío junto a la tripulación, sumando más de 600 hombres a bordo. Ahora debemos añadir más tristeza a su historia, una de las que más interés ha despertado en nuestro blog Espejo de Navegantes. [Conoce aquí la historia del naufragio de El Salvador]. El naufragio ocurrió el 31 de agosto de 1812, en una noche de tormenta, cuando el buque fue arrastrado hacia la costa por una súbita tempestad desatada por el viento llamado pampero hasta que dio en el fondo y se quebró, hundiéndose rápidamente y de manera catastrófica. Apenas un centenar y medio de personas pudieron sobrevivir.
La división en lotes ha reservado para Uruguay un cañón del Agamemnon y dos de El Salvador. En el barco español fueron detectados siete cañones en los años noventa, según consigna un ensayo del arqueólogo uruguayo de la Universidad de la República, Antonio Lezama, publicado en el año 2000. En ese ensayo ya se quejaba, a pesar de que valoraba el inicio de trabajos subacuáticos en los que participaba algún científico, de la falta de información y transparencia inherentes al método científico y que aquí brillaban por su ausencia. Y decía que “es muy difícil actuar frente a los permisarios [los cazatesoros], quienes aceptan al arqueólogo como una imposición burocrática, y del que pretenden que entorpezca lo menos posible los objetivos económicos de la empresa“. De hecho tres arqueólogos debieron renunciar por la difícil relación con ellos, según consta.
También constataba Lezama que “se han detectado importantes carencias en el sistema de control implementado por las autoridades, fundamentalmente en lo relativo a los procesos de conservación de los objetos rescatados, aspecto que hasta ahora no ha estado suficientemente contemplado y que, a partir de cierto punto, escapa a las capacidades técnicas del arqueólogo”. Y el experto concluía solicitando al Gobierno la creación de una unidad científica.
En contra de aquel dictamen experto, Uruguay ha creado una unidad controlada por Defensa mientras ha tratado de cerrar la etapa de contratación de empresas cazatesoros y repartos. Pero lo ocurrido con el Salvador llena de tristeza a cualquier persona sensible al verdadero valor del patrimonio, que no es económico, como los esqueletos del batallón de la Albuera nos recuerdan. Si ha de caer el telón de los cazatesoros en Uruguay de esta forma, no podemos escapar de una sensación de derrota, de impotencia e indignación. En el lote regalado a los cazatesoros se dijo en la prensa uruguaya que figuran un sello que pudo pertenecer a Nelson (aunque no se ha estudiado este extremo) y otros objetos de valor de mercado.
Un funcionario del Gobierno uruguayo declaró a «El Observador» que «no nos causa nada de gracia que los privados se lleven la mitad de estos bienes que pertenecen al Estado uruguayo. Pero es la única forma de evitar juicios». Cabe decir que hay un juicio que no podrán evitar, por más que quieran cerrar la etapa de contratación de cazatesoros: el juicio que merece a cualquier arqueólogo bien formado y a cualquier persona amante del patrimonio y la historia compartida el trato vejatorio que se ha efectuado con los vestigios de un buque de la Armada Española que merecía respeto y consideración, además del desprecio hacia las posibles soluciones en términos de cooperación con España, que ni se han explorado, para evitar este reparto de despojos al más puro estilo pirata. El hecho de que dos arqueólogos como Buffa y Cordero hayan dado el visto bueno a esta operación es un detalle lacerante y paradójico que hace mella en la imagen de Uruguay y sus científicos.
Según se publicó en el boletín de Defensa citado, «entre los cometidos del GCH-PEMA se encuentra: proponer a la superioridad y ejecutar el destino asignado de los materiales arqueológicos, de hallazgos, de restos de naufragios, de restos de pecios y las cargas, el alistamiento de cualquier otro objeto extraído…». También relata que el Grupo de expertos «propuso como solución dividir los objetos existentes a fin de evitar instancia judiciales y remates públicos, ya que no es intención de este Ministerio enajenar por ningún modo los objetos de referencia. La propuesta consistió en que los Permisarios confeccionaran dos lotes con los restos de ambos pecios y el Ministerio de Defensa Nacional eligiera uno de estos lotes…». El Ministerio optó, finalmente por el Lote 1 en su resolución y encargó al Grupo GCH-PEMA «la culminación de las tratativas con los Permisarios y ejecutar los procesos de repartición”.
Para evitar el juicio, afirman. Y los soldados ahogados de El Salvador siguen ahí, a menos de diez metros de profundidad, esperando justicia, con sus huesos aún dentro de los uniformes.
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