Ayer, 29 de noviembre, comenzó, en Viena, la séptima ronda de conversaciones entre las principales potencias mundiales e Irán sobre su programa nuclear.
Aunque Estados Unidos (EE. UU.) no participará en esta conferencia, al menos, directamente, sí lo hará a través de intermediarios.
Después de los seis turnos anteriores, que comenzaron en abril de 2021, estos estuvieron suspendidos durante cinco meses, desde el pasado mes de junio, por voluntad de Irán, debido a la celebración de sus elecciones presidenciales del 18 de junio.
Como resultado de estas elecciones, el nuevo presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y el gobierno nombrado por éste han adoptado una retórica más dura con respecto al Acuerdo Nuclear –Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), en inglés-, que fue firmado, en julio 2015, por Irán y por el llamado P5+1, es decir, los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) -China, EE. UU., Francia, Reino Unido y Rusia- más Alemania.
El pronóstico sobre la posibilidad de que se produzcan avances entre las partes, con el restablecimiento del diálogo, es muy pesimista.
EE. UU. manifiesta su compromiso de regresar a la mesa de las negociaciones para revivir el JCPOA, siempre que Irán muestre una voluntad equiparable a la suya.
Sin embargo, las posiciones de estos actores principales, Irán y EE. UU., no parecen anticipar ese desenlace.
Para empezar, las dos demandas fundamentales de Irán no parecen, a primera vista, asumibles.
En primer lugar, Irán reclama que cualquier acuerdo al que puedan llegar las partes ha de ser sostenible en el tiempo, independientemente de quien gobierne en EE. UU., y, para ello, el actual gobierno estadounidense debe ofrecerle garantías de que los futuros ejecutivos norteamericanos no puedan cambiar los términos y las condiciones de un posible nuevo pacto.
En otras palabras, Irán exige negociar con EE. UU. y no solamente, con su gobierno actual.
En segundo lugar, Irán demanda el levantamiento de las sanciones económicas a su país para permitir la reapertura de su tejido empresarial a la inversión y a las transacciones comerciales extranjeras.
Sin embargo, a pesar de su reclamo anterior, el gobierno de Irán está persuadido de que la administración Biden, realmente, quiere mantener la mayoría de las sanciones impuestas por el equipo del presidente Donald J. Trump.
En cualquier caso, Irán ha adelantado que considera, incluso, reclamar a EE. UU. compensaciones por el impacto que dichas restricciones hayan podido tener sobre el estado actual de su economía.
En definitiva, desde el ejecutivo iraní se cree que la incapacidad del gobierno estadounidense de ofrecerles garantías sobre la sostenibilidad en el tiempo de cualquier posible trato y las demandas mismas que EE. UU. formula van en contra de esas dos condiciones iraníes básicas: sostenibilidad de los acuerdos y levantamiento de las sanciones.
A la vista de lo anterior, no sorprende que el gobierno estadounidense observe el desarrollo de las conversaciones actuales con Irán con un alto grado de pesimismo.
En EE. UU. se anticipa que este proceso vaya a ser muy largo, en el mejor de los casos, y mantiene, en definitiva, unas expectativas muy bajas de que se alcancen buenos resultados, dadas la actitud y el contenido de las propuestas que Irán está mostrando hasta el momento.
EE. UU. considera, por una parte, que no puede levantar las sanciones económicas a Irán sin saber si éste quiere, sinceramente, reciprocar, en una hipotética mesa de negociaciones, a sus contrapartes con elementos sustanciales de su programa nuclear o si, por el contrario, los negociadores iraníes sólo quieren aprovechar estas rondas de diálogo para hablar, exclusivamente, del régimen de sanciones económicas que sufre su país.
Por otra parte, en EE. UU. se considera que la demanda iraní sobre la incorporación a acuerdos futuros de garantías de continuidad de estos en el tiempo excede los límites del JCPOA, dado que este se firmó como un entendimiento, sin carácter legal.
Por ello, el razonamiento del ejecutivo estadounidense es que el JCPOA no puede transformarse, sin más, en un tratado legalmente vinculante para los firmantes, ya que lo convertiría en un acuerdo de otra naturaleza, al que, en ese hipotético caso, el Congreso y el Senado estadounidenses tendrían que otorgarle su visto bueno.
La realidad de la política interna en EE. UU. es, obviamente, parte del cálculo del gobierno de Biden, ya que cualquier concesión que haga a Irán podría interpretarse, acertadamente, como un signo de debilidad por parte de EE. UU.
La situación política doméstica para Biden es diabólica.
La mayoría demócrata en el Congreso y en el Senado es muy estrecha y sería muy difícil convencer a ambas cámaras, si se llegara a esa situación, de que aprueben el levantamiento de las sanciones económicas a Irán, especialmente, a la vista de la velocidad del desarrollo de su programa nuclear y de su compartimiento agresivo en el Próximo Oriente.
De acuerdo con las encuestas, la popularidad de Biden no deja de caer.
El resultado de las elecciones parciales del mes pasado ha sido devastador para los candidatos demócratas, en anticipo de lo que será, probablemente, el de las de mitad de mandato, en el mes de noviembre de 2022, tras las cuales, Biden podría perder el control de las dos cámaras.
Por último, sin que sea menos importante, sigue sin resolverse, todavía, la duda sobre el estado de salud de Biden y, por consiguiente, sobre la existencia de eventuales impedimentos para que ejerza sus funciones.
Con todo, el ángulo más preocupante para EE. UU. de estas conversaciones es el comportamiento del gobierno de Irán, que podría querer, con sus tácticas, obtener más por menos.
El gobierno de EE. UU. piensa que Irán no quiere, realmente, restaurar el JCPOA o, ni tan siquiera, pactar un JCPOA 2.0.
En la práctica, mientras estas tandas de conversaciones se suceden unas detrás de otras, el programa nuclear de Irán avanza a una velocidad exponencial y, simultáneamente, Irán está enfrentándose al Organismo Internacional de Energía Atómica –International Atomic Energy Agency (IAEA), en inglés- en todo lo que tiene que ver con las salvaguardas y con el régimen de inspección que éste le exige.
Por lo tanto, en el gobierno de EE. UU. se cree que Irán va a arrastrar los pies todo lo que pueda durante este proceso de diálogo, mientras que, en paralelo, acelerará el desarrollo de su programa nuclear.
El objetivo de Irán, según esta interpretación estadounidense, sería, con esta estrategia combinada, el de poder subir su apuesta negociadora e imponer, finalmente, a EE. UU. un acuerdo sucesor del JCPOA desde una posición de mayor fuerza.
La parálisis actual en la interlocución entre Irán y la IAEA tiene que ver con las dificultades que ésta se está encontrando por parte de las autoridades iraníes para poder realizar, a satisfacción plena, el seguimiento y la verificación del programa nuclear iraní.
La clave de este problema crítico se evalúa en EE. UU. a través del tiempo que Irán necesitaría hasta alcanzar el que se denomina como “momento de fuga” –Breakout Time, en inglés-, es decir, el tiempo que Irán requeriría para producir el material fisionable suficiente que le permitiera fabricar uranio de grado militar para construir una bomba nuclear.
Esta es la unidad de medida básica mediante la cual EE. UU. juzga el comportamiento de Irán en relación con las intenciones verdaderas de su programa nuclear.
Cuando el JCPOA fue puesto en marcha, en 2015, el plazo para que Irán alcanzara ese “momento de fuga” era de 12 meses.
Ahora, dada la progresión acelerada del programa nuclear de Irán, el plazo hasta el “momento de fuga” se ha reducido a sólo 1 mes, aunque se estima que Irán tardaría, aún, otros 2 años adicionales en construir, con ese material, una bomba nuclear.
La realidad es que, durante los últimos años, Irán ha incumplido los términos y las condiciones del JCPOA.
Así, el régimen de monitoreo y de inspecciones de su programa nuclear por parte de la IAEA se encuentra en una situación precaria.
En 2019 y en 2020, Irán reinició las actividades nucleares que había realizado antes de la firma del JCPOA, aunque pudiera considerarse que aquellas no eran actividades nuevas, ni presuponían la adquisición de nuevo conocimiento.
Sin embargo, desde 2020 y, especialmente, en 2021, Irán ha realizado avances sustanciales en nuevas áreas de investigación y desarrollo que están resultando en la consecución de nuevas competencias.
Entre ellas, destacan la puesta en funcionamiento de centrifugadoras más avanzadas, el enriquecimiento de uranio de forma más eficaz y cercano al 60% -porcentaje, por encima del cual, se considera que el uranio tiene gradación militar y es apto para la fabricación de armamento nuclear- o la experimentación con uranio metálico, tanto para manufacturar armas como para propulsar reactores nucleares.
Los expertos de la IAEA dicen que Irán está, todavía, experimentando con esas competencias recién alcanzadas y que no las controla completamente.
No obstante, cuanto más tiempo duren esas actividades, mayores serán los riesgos porque la IAEA tendrá dificultades considerables para entender las verdaderas intenciones de Irán en querer obtener armamento nuclear y cuánto tiempo más tardará en producirlo.
Mientras, los inspectores de la IAEA ven reducida progresivamente su libertad de entrada en las instalaciones iraníes, ya que, cada vez, se les permite menos acceso, con menos independencia y a un número menor de emplazamientos.
La IAEA dice tener lagunas importantes en su investigación y en su reconstrucción del programa nuclear iraní y quiere indagar instalaciones y lugares sobre los que Irán no está facilitando información.
Irán, asimismo, está impidiendo a la IAEA que reinstale cámaras en las instalaciones, en las que se habían ubicado, originalmente, para continuar monitoreando la actividad iraní dentro de ellas.
Estas negativas de Irán representan violaciones de sus obligaciones hacia la IAEA.
La última visita de la IAEA a Teherán, durante la semana del 22 de noviembre, terminó sin avances y la brecha entre lo que sabe la comunidad internacional sobre lo que Irán está haciendo con su programa nuclear aumenta de manera preocupante.
El diagnóstico sobre la situación es sombrío.
En estas condiciones, un fracaso de la vía diplomática o un alargamiento excesivo e improductivo de las conversaciones con Irán, sin horizonte de progreso tangible para el control del programa nuclear iraní, que está en pleno desarrollo, acelerado e incontrolado, podría llevar al incremento de las sanciones económicas sobre Irán.
Asimismo, aumentarían las posibilidades de un conflicto contra Irán, ya sea cibernético o a través de sabotajes, bien de instalaciones o bien contra individuos responsables del programa nuclear iraní, y, tampoco, debería descartarse, incluso, una intervención militar estadounidense e israelí contra Irán.
El Estado de Israel vive, desde su creación, bajo la exigencia de no permitirse perder una sola guerra y, menos aún, que un país que llama públicamente a su aniquilación tenga acceso a las armas nucleares.
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