Desde que, en diciembre 2005, Accountability – el think-tank y, a la vez, firma de servicios de asesoramiento a instituciones y al sector privado sobre sostenibilidad –, con el partenariado del UN Global Compact, publicó su informe llamado Towards Responsible Lobbying. Leadership and Public Policy, la práctica profesional del asesoramiento y de la defensa de los intereses del sector privado frente a los reguladores cambió radicalmente.
Por expresarlo de forma que se pueda visualizar fácilmente, el cabildeo salió del entorno de los salones de los hoteles o de los clubes privados, con maderas nobles, alfombras gruesas y olor a cigarros y a whisky de malta, a mostrarse en campo abierto.
Nació, entonces, el lobby responsable, es decir, un concepto que daba, desde aquel momento, carta de legitimidad a una actividad profesional que había sido desarrollada durante décadas de espaldas a la sociedad, con complejo de culpabilidad y con un efecto de suma cero, de tal forma que cada logro de los intereses privados que se hacían valer ante los reguladores solía ser en detrimento de la sociedad en su conjunto.
Como resumió Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas en el momento de la publicación del informe de Accountability, “(b)usiness must restrain itself from taking away, by its lobbying activities, what it offers through corporate responsibility and philanthropy”.
Aquella iniciativa fue inmediatamente seguida por la Comisión de la Unión Europea, que publicó en 2006 un green paper llamado European Transparency Initiative, que contenía recomendaciones en línea con el documento anterior.
En resumen, el movimiento hacia un lobby responsable se sustenta en varios principios rectores que han evolucionado y se han materializado en acciones concretas con una gran rapidez en los últimos años, aunque, como suele ocurrir, no, siempre, con la misma intensidad, ni con la misma profundidad, ni al mismo ritmo en todas las jurisdicciones. Ni tan siquiera, en la propia Unión Europea.
Estos principios reconocen que el sector privado tiene el derecho y la legitimidad de defender sus intereses ante los reguladores, siempre que esta práctica se realice de acuerdo con determinados criterios y, sobre todo, que contribuya a conseguir los objetivos que son los de toda la sociedad: lo que en palabras posteriores de Michael Porter y Mark Krammer, en su ya famoso “Creating Shared Value”, publicado por Harvard Business Review a comienzos de 2011, se ha conceptualizado como creación de valor compartido.
Además, aquel informe de 2005, y sus corolarios y la experiencia en los mercados, pusieron fin a la hipocresía asociada al concepto del lobby como una actividad profesional exclusivamente realizada por los agentes del sector privado.
Sin duda, es difícil que nadie pueda contestar que el lobby, es decir, la defensa legítima de los intereses legítimos de todas las organizaciones de una sociedad democrática ante los reguladores y los tomadores de decisiones, sea una práctica que no sólo está confinada al territorio de los intereses privados porque otros, del sector público y del tercer sector, también son activos, y mucho, en la utilización de esos mismos recursos y actividades que permiten que sus intereses sean escuchados, tomados en consideración e, idealmente, incluidos en el proceso de formulación de políticas públicas.
Todo el mundo quiere, legítimamente, su trocito de la tarta de los recursos públicos y virar, en lo posible, la regulación – que no es neutral, en sí misma, ni tan siquiera, dentro de un mismo sector de actividad, y, por eso, la regulación es, hoy en día, parte de la ventaja competitiva de las organizaciones privadas y de las públicas y, también, de las ONGs – hacia sus propios intereses.
En definitiva, concluía Accountability, y, posteriormente, la Unión Europea, el lobby, eso sí, practicado de acuerdo con los principios establecidos en una muy detallada lista de elementos que cubren desde la visión, la misión, la estrategia, los valores y hasta los planes operativos de las organizaciones, es un territorio para la disputa de ideas y de intereses en un mismo plano de igualdad entre formuladores de políticas públicas, el sector privado, el sector público y el sector de la intervención social.
Aquellos que realizan esta actividad ante las instituciones de la Unión Europea han podido experimentar durante la última década, hasta el punto de que ya forman parte del acervo de las prácticas ya normalizadas dentro de sus respectivas organizaciones, de los beneficios de poder estar registrados y, así, facilitar el acceso – incluidos plenos y sesiones de las comisiones respectivas y acceso a parlamentarios y sus asistentes – a las actividades diarias del Parlamento, de ser escuchados, especialmente, al ser parte interesada, en los expedientes tratados por los funcionarios de la Comisión – que son públicos, expedientes como reuniones – o de acceder a todas aquellas delegaciones, oficinas de representación que son parte del eco-sistema del Consejo y cualquiera de los comités asesores de las tres anteriores.
El sistema, obviamente, no es perfecto pero la transparencia ayuda y a eso contribuyen, sin duda, los profesores David Coen y Alexander Katsaitis, ambos del School of Public Policy, University College London, cuando realizan para el comité de asuntos constucionales del parlamento europeo el informe llamado Institutional and Constitutional aspects of Special Interest Representation.
Tres resultados de este informe llaman la atención.
En primer lugar, el incremento de los actores que participan activamente en el proceso de lobby.
Hacia la mitad de los años 90, había solo unos centenares de compañías y asociaciones privadas realizando lobby en el entorno de las instituciones europeas, y en la actualidad, de acuerdo con dicho estudio, sólo ante el parlamento europeo, hay registradas más de 10,000 personas e instituciones.
De nuevo, el lobby es un territorio donde se dilucida la ventaja competitiva de las organizaciones y no cabe duda de que este territorio es altamente competitivo porque, como se acaba de mencionar, tiene “problemas de tráfico” y el tiempo disponible por parte de los reguladores es, obviamente, el recurso más escaso de esta actividad.
El acceso no es la clave. La pepita de oro del lobby se encuentra en la capacidad de saber crear credibilidad entre los interlocutores, que sólo se forja con el buen hacer – lobby responsable, otra vez – y con el paso del tiempo, sobre la base de la buena información facilitada y de las buenas y equilibradas soluciones ofrecidas a estos.
En segundo lugar, el informe es un buen termómetro sobre el perfil de aquellos que realizan lobby ante el parlamento europeo.
Además de ser testamento a lo expresado más arriba sobre que el lobby es una práctica realizada por el sector privado, por el sector público y por las ONGs, el estudio identifica que la mitad de todos aquellos registrados ante el parlamento europeo representan intereses de empresas o de asociaciones industriales, un 25% adicional son representantes de organizaciones del tercer sector y sólo un 18% son consultores profesionales, con un número muy bajo de abogados registrados.
De todos ellos, el estudio también señala que los que saben anticiparse y participar aguas arriba en el ciclo de vida del lobby, es decir, en el momento en el que las políticas públicas sólo están en fase de definición, y, por lo tanto, las intervenciones de las partes interesadas suelen ser más efectivas, son los consultores, los abogados y los think-tanks, mientras que empresas, asociaciones industriales, sindicatos y ONGs suelen involucrarse cuando los borradores de políticas públicas se han movido al terreno de las decisiones políticas y, por lo tanto, es ya más complejo introducir virajes más marcados al curso del proceso de toma de decisiones.
Por último, el informe también es un buen reflejo del poder y la influencia de las naciones en el proceso comunitario. Hasta ahora, alemanes, franceses y británicos son las nacionalidades de origen de todos aquellos grupos acreditados, de cualquier sector, que mayor presencia, actividad e influencia ejercen sobre las instituciones de la Unión Europea.
En la práctica, parece existir una Unión Europea del lobby de dos velocidades. Algunos países podrían y deberían meter alguna más.