‘Narco Estados’: el legado combinado de Pablo Escobar y de Fidel Castro

El término Narco Estado se utilizó, por primera vez, en Colombia, al comienzo de los años 80 del pasado siglo, para referirse a la influencia que tenía el narcotráfico sobre las instituciones políticas de la nación.

En aquellos años, el capo narcotraficante del llamado Cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, llegó, incluso, a ocupar, entre 1982 y 1983, un escaño en el Congreso de la República de Colombia.

Desde entonces, en América Latina se usa el término Narco Estado para describir a los países en los que el Estado de Derecho ha sido casi totalmente suplantado por grupos criminales transnacionales -TOC, por Transnational Organised Crime, en inglés-.

Dos son las características que definen a estos Narco Estados.

En primer lugar, en los Narco Estados, el poder real de un país recae en las manos del TOC y sus aliados.

Los grupos criminales cooptan las estructuras gubernamentales, las debilitan y las penetran para corromper las instituciones, los organismos y los recursos humanos de las funciones gubernamentales de defensa, de seguridad, de justicia y, finalmente, del propio gobierno.

Una vez se han ablandado los mecanismos que protegen a cualquier Estado de Derecho y que éste ha sido corrompido y ha caído bajo el control del TOC, la experiencia de las últimas décadas en Latinoamérica prueba que los Narco Estados acaban por allanar el camino para la entrada, también, de organizaciones terroristas en los países que controlan.

Así ha sucedido con la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el grupo terrorista y separatista español Euskadi Ta Askatasuna (ETA) e, incluso, con el grupo de terrorismo islámico chií, financiado y armado por la República Islámica de Irán, Hezbollah -el Partido de Allah o Partido de Dios-.

En segundo lugar, son los propios estados los que permiten que este cambio de poder, del que surgen los Narco Estados, suceda.

De hecho, son los estados mismos los que, a veces, se convierten en parte de la empresa criminal que representa el Narco Estado.

Son esas instituciones estatales débiles las que brindan la oportunidad de que sean cooptados los órganos de seguridad, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los miembros de las Instituciones Militares o los políticos.

Así, los grupos criminales acaban trabajando y colaborando con policía, jueces y militares en ese proceso de penetración y de transformación de los estados desde dentro.

En definitiva, los Narco Estados no dejan espacios desgobernados dentro de los países que controlan, sino que lo que cambia en ellos es quién ejerce la autoridad y el poder.

El TOC pasa a controlar los territorios, que utilizan para establecer bases de poder y negocios de fachada, incluidas empresas de seguridad privada, lo que les permite cumplir funciones tradicionalmente asociadas con el Estado.

Tres fueron los precedentes de Narco Estados en América Latina durante el s. XX.

En Bolivia, el gobierno del coronel Luis García Meza, entre 1980 y 1981, tuvo un ministro de Interior, Luis Arce Gómez, que estuvo directamente implicado en el negocio del narcotráfico y que acabó abandonando el país para refugiarse en Taiwán.

En Colombia, el que fuera su presidente, entre 1994 y 1998, Ernesto Samper desarrolló su carrera política siempre bajo la sospecha de haber sido financiado por el dinero del narco.

En Perú, Vladimiro Lenin Ilich Montesinos, el poderosísimo jefe de la Inteligencia nacional durante la última década del siglo pasado, bajo la presidencia de Alberto Fujimori, mantuvo relaciones con el narcotráfico y su caída del poder estuvo relacionada con la llamada “Operación Siberia”, a través de la cual Montesinos compró armas rusas a un país árabe con dinero facilitado por las FARC.

Hoy en día, esta mezcla entre narcotráfico y política es una estructura altamente adaptativa, que recoge lo mejor de la organización del modelo de negocio de Pablo Escobar, de la ideología comunista de Fidel Castro, una vez mimetizada con el siglo XXI -en lo que se denomina por sus seguidores, taimada y eufemísticamente, como socialismo del siglo XXI-, y del terrorismo internacional.

Dentro de la división del trabajo de los Narco Estados en América Latina, Cuba es la Roma comunista del hemisferio americano.

Los ex presidentes de Bolivia, de Ecuador y de Brasil Evo Morales, Rafael Correa y Lula da Silva son creyentes fervorosos del comunismo -la ideología ha reemplazado a la religión en América Latina- y acatan y obedecen las órdenes que reciben desde Cuba.

En el caso del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, además de la ideología, existía un sentimiento sincero de afecto por Fidel Castro, a pesar de que éste le despreciara.

Sin embargo, irónicamente, el gran ideólogo de este proyecto político-criminal fue Pablo Escobar y no, Fidel Castro.

Fue Escobar quien imaginó e ideó la relación de su negocio con el terrorismo de ETA.

Ahora, la relación del narco es con el terrorismo islámico yihadista y posee, además, la gran ventaja de contar con dos Instituciones Militares -la de Cuba y la de Venezuela- que están al frente de los cárteles de la droga.

Por último, esta estructura criminal y política tiene una vocación transnacional clara, que se proyecta en una doble dirección.

Por un lado, está enfocada, en lo que es una guerra asimétrica y de métodos híbridos, hacia una confrontación contra los Estados Unidos (EE. UU.), el “Imperio”, el enemigo estadounidense.

Por otro lado, busca cumplir con el objetivo de reforzar su cabeza de playa en el sudoeste de Europa como vía de entrada en todo el Viejo Continente.

En la actualidad, Venezuela es el Narco Estado por excelencia de América Latina.

Las Fuerzas Armadas de Venezuela son el núcleo central del llamado Cártel de los Soles -con quien el Servicio de Aduanas colabora subordinada y estrechamente-, al frente del cual se encuentran el presidente del país, Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el doblemente ministro de Industrias y Producción Nacional y de Petróleo, Tareck El Aissami.

El caso de Nicolás Maduro es intrigante.

Maduro fue una apuesta de Cuba, al fallecimiento de su predecesor, Hugo Chávez, y la verdad es que no se sabe mucho sobre él -ni tan siquiera, su lugar de nacimiento-, ya que no proviene de los grupos de poder establecidos venezolanos, aunque sí es conocido que se educó en Cuba.

Sin duda, la elección de Maduro ha sido, hasta ahora, un éxito para Cuba.

No obstante, dicha elección pasó por un momento delicado cuando, en 2019, al calor de las manifestaciones contra el gobierno impulsadas por los líderes opositores Juan Guaidó y Leopoldo López, Maduro quiso marcharse del país.

Aquel intento de huida provocó la intervención de Raúl Castro -quien, entonces, era, todavía, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba- para rechazar y paralizar aquella idea.

Venezuela es un país en el que, en la práctica, existe un equilibrio inestable entre bandas criminales con un reparto del territorio y de funciones entre las FARC, las FARC no oficialista, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el terrorismo islámico de Hezbollah.

Este último grupo, por ejemplo, se ocupa, fundamentalmente, del lavado de dinero procedente del narcotráfico.

En el negocio del cultivo y la producción de coca, Colombia es el rey.

Colombia, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es el primer productor de coca del mundo.

El mercado principal para la coca de Colombia es EE. UU., a dónde se exporta a través de México.

Perú y Bolivia son los segundo y tercer productores mundiales de coca, respectivamente.

En el caso de Perú y de Bolivia, sus mercados objetivos se encuentran en Europa, a dónde se exporta a través de Brasil y, posteriormente, a través de países africanos, que cumplen la función de escalas en esa ruta.

En los últimos años, la preocupación de EE. UU. por Perú y la presencia de su Agencia de Lucha contra las Drogas –Drug Enforcement Agency (DEA), en su nombre original- en ese país se ha reducido significativamente.

Colombia, Perú y Bolivia cuentan con la ventaja competitiva de poseer un clima y tierras altas tan propicios para el cultivo de la coca.

Con todo y con ello, fruto del esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), el modelo de negocio del narcotráfico está empezando a cultivar coca en la Amazonía con lo que, eventualmente, Brasil podría convertirse muy pronto en un gran productor mundial de coca.

Argentina, por su parte, ha dejado de ser un país de tránsito dentro de la logística del narcotráfico y las “cocinas del infierno” ya están instaladas en aquel país.

Venezuela, en cambio, no es productor de coca y desempeña, dentro del modelo de negocio del narcotráfico, el rol de oficina comercial y puerto de salida para todo lo que se produce en la cocina colombiana.

En realidad, el gran valor añadido que Venezuela agrega a este negocio es el respaldo del poder político para el aseguramiento de las transacciones, que es un instrumento tan necesario y crítico para todas esas operaciones.

En el momento presente, esta estructura de intereses cruzados entre regímenes comunistas y autoritarios, el modelo de negocio del narcotráfico y el terrorismo internacional ha desencadenado una tormenta perfecta sobre tres de los países de la Alianza del Pacífico -Chile, Perú y Colombia-, mientras que el México presidido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está quedando al margen.

La razón de este asalto tiene que ver con el hecho de que Chile, Perú y Colombia, además de México, crearon la Alianza del Pacífico en 2011 como una iniciativa económica y de desarrollo frente al comunismo.

Desde entonces, la Alianza se ha convertido en el eje de una nueva forma de hacer negocios en el continente.

La clave de esta nueva fórmula reside en la articulación de fuerzas más allá de las fronteras territoriales.

Es un mecanismo de articulación política, económica, de cooperación e integración que busca encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y una mayor competitividad de las economías que la integran.

Los miembros de la Alianza del Pacífico confían que esto sea posible a través de un avance progresivo de la libre circulación de bienes, de servicios, de capitales y de personas.

En resumen, la Alianza del Pacífico nació para proteger el libre comercio, la propiedad privada y la democracia en todo el continente y, por extensión, para hacer frente a la coalición de los países simpatizantes de la Venezuela chavista y de la Cuba comunista.

Chile, Perú y Colombia son, en estos momentos, la frontera de contención ante un fenómeno criminal que necesita tomar, ejercer y extender su poder político sin límites y sólo para sus socios.

Los Narco Estados -los actuales y los posibles futuros- necesitan ocupar todo el espacio de poder doméstico e internacional disponible y derrocar o deshacer los sistemas de equilibrio de poderes consustanciales a los Estados de Derecho.

El imperio de la ley está seriamente amenazado en América Latina.

Este riesgo es, también, claro y presente para Europa.