Dicen los físicos teóricos que al acercarte a un agujero negro existe un «horizonte de sucesos» y que allí, en ese límite oscuro, los eventos que acontecen a un lado no llegan a afectar al otro. El Archivo de Salamanca ha dado lugar a un agujero negro que surgió cuando el presidente Rodríguez Zapatero utilizó la «devolución» de documentos incautados en la Guerra Civil a instituciones catalanas de la República como moneda de cambio para un acuerdo de investidura con ERC en 2004. Esa instrumentalización de un asunto que podría haberse tratado en otro contexto tiñó cualquier justa reivindicación de coyunturas vidriosas. Y en aquellos tiempos sobre los que gravitaba el pacto del Tinell, la decisión sobre el Archivo de Salamanca afectó profundamente a un fondo archívistico importantísimo, que es de todos y sirve para documentar, entre otras muchas cosas, la represión de la dictadura con evidencias.
El conflicto o el agujero negro de los «papeles de Salamanca» ha devorado desde entonces cuanta luz se ha intentado poner encima. Ni razones archivísticas ni comisiones de expertos pudieron evitar que, pese a existir una ley que regula la «devolución», cada movimiento de legajos agrandara las heridas. Más allá del victimario político de unos y otros, hay pruebas de numerosas entregas erróneas, nunca justificadas, por las que no se pidieron excusas ni se asumieron responsabilidades, que lo envenenaron todo. Es ahí donde aparece la hiperactiva asociación Salvar el Archivo de Salamanca, que ha realizado un titánico esfuerzo para demostrar y poner ante la justicia esos «errores», algunos tan de bulto como el caso del joyero Guillermo Suils, que obligaron a a la Generalitat a “devolver” un número limitado de documentos, con cierto secretismo, como tratando de evitar por todos los medios una foto incómoda. Su presidente, Policarpo Sánchez, ha pedido con 110.000 firmas que no salgan más documentos si antes no se devuelven los envíos erróneos. Hay algunas sentencias sin cumplir, una del Tribunal Constitucional, alguna de la Audiencia de Barcelona, que deberían tenerse también en cuenta ahora. También una del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que niega algunas de las reivindicaciones de la Asociación. Una maraña resultante de una gestión muy mejorable del problema.
El acuerdo para cumplir a rajatabla la ley del Archivo (13 años después) anunciado ayer por el ministro José Guirao es una buena noticia. Una muy buena noticia que nos pone ante un horizonte asumible, en el que serían imposibles nuevas reivindicaciones de más “papeles” desde Cataluña. Es, al mismo tiempo, el último «logro», muy conveniente, de Alfonso Fernández Mañueco como alcalde de Salamanca, ya que abandona el cargo en busca de otros horizontes políticos más ambiciosos.
La contraparte catalana -hay que recordarlo- ya afirmó en octubre pasado, en un encuentro con el ministro, que quería acelerar la recepción de los «papeles» pendientes. «Culminar un proceso», dijo literalmente la consejera catalana Laura Borrás. Y habló también de cumplir la ley 21/2005 que regula la restitución. Pero Cataluña tiene su propia lista, reducida, para resolver la discrepancia. Es decir, no reconoce muchos envíos como erróneos y no debemos olvidar que la Generalitat está “culminando” otros “procesos”, en estos momentos al borde del 155: no sería la primera vez que vulnera algunas leyes cuando le apetece.
El “horizonte de sucesos” sigue siendo infranqueable. El agujero negro está ahí. En el Ministerio se fía todo a una nueva comisión de expertos, que dilucidaría definitivamente lo que hay que entregar a Cataluña y lo que la Generalitat debe restituir. ¿Mandarán ellos cumplir las sentencias, además de la ley, que obligarían a devolver a Salamanca 100.000 documentos del CADCI (asociaciones a las que se dieron fondos pero no son la misma persona jurídica que a las que se les incautaron) o 30 cajas del PSOE de Asturias requisadas en la sede regional en plena Guerra Civil y cuyo destino ha levantado cierta polvareda en el Principado? La Generalitat ya se negó a entregar los documentos a entidades valencianas en pos de una “identidad común” con frases como que “el Archivo de Salamanca debe desaparecer” por parte de responsables archivísticos catalanes.
Así es como mana la oscuridad del “horizonte de sucesos” desatado con este conflicto con mucho más calado que la mera gestión cultural. Es lo que ocurre cuando mezclamos la aritmética política, podríamos decir newtoniana, con la siempre cuántica memoria histórica: la luz no escapa del agujero negro.
Más allá del horizonte de sucesos, no se ve la política.
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