Adaptando la definición que ofrece el diccionario de la RAE de la palabra “totalitarismo” cabe afirmar que es totalitarista el que defiende un régimen político que controla coactivamente las relaciones sociales bajo una sola ideología política. Pues bien, a pesar de que una y otra vez los independentistas catalanes hablan de que están haciendo lo que ha decidido “democráticamente” la mayoría de los catalanes (lo cual no es ni siquiera verdad porque hay más votantes en contra de la independencia que a favor), lo cierto es que defienden como primer mandamiento de su dogma político que no hay división de poderes, sino un poder único, que es el ejecutivo, cuya misión es guiar al pueblo catalán hasta la “nascitura” república independiente de Cataluña.
Dos recientes intervenciones públicas de Torra, el presidente (inhabilitado) del Govern, demuestran lo que digo.
La primera fue cuando Torra afirmó me parece bien que el cardenal Omella apele a la libertad de culto, pero durante años ha olvidada la Constitución y los derechos humanos relativos a la libertad de expresión y ni una vez ha alzado la voz “contra la represión a los políticos catalanes”. En estas palabras, Torra está sentando como dogma político indiscutible que “hubo represión contra los políticos catalanes independentistas”. Y sentada esta premisa la conclusión es que “todas” la autoridades de Cataluña, aunque no sean nacionalistas, tienen que alzar su voz contra lo que Torra cree –y por tanto es doctrina oficial- que es una represión política cuando no es más que la respuesta judicial a su violación de la Constitución.
La segunda confirmación tuvo lugar ayer al comentar la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 5 de Cataluña que suspendió el tercer grado concedido a cinco de los presos independentistas hasta que falle sobre el fondo del asunto en un recurso presentado por la Fiscalía.
Ignorando por completo la división de poderes, Torra consideró la decisión del juzgado como “un nuevo ataque contra la justicia, la democracia y la libertad” (le faltó añadir “independentistas”).
Su argumentación se aprovechó de un desafortunadísimo desliz que tuvo en su día Pedro Sánchez al hablar de la independencia de la Fiscalía. En efecto, Torra señaló «El Gobierno español se ha jactado de controlar la Fiscalía. Cabe suponer, entonces, que la retirada del tercer grado ha pasado el control del Gobierno de socialistas, de Podemos y de comunes. En todo caso, se acumulan las evidencias que ponen en duda la pretendida voluntad de diálogo del Gobierno español. Si el Gobierno español tiene alguna esperanza de retomar el diálogo, hará falta que antes demuestre que tiene la firme voluntad de parar las hostilidades contra el movimiento independentista catalán».
Como puede apreciarse, Torra incurre simultáneamente en dos sinécdoques: es lo mismo catalanes que independentistas y es lo mismo Gobierno que poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ambas cosas son puro totalitarismo.
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