Como es sabido, el Gobierno de España, al que corresponde la función ejecutiva, tiene por misión esencial gestionar los intereses de carácter general y de naturaleza política, económica y social. Esto es lo que resulta del artículo 97 de la Constitución que establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, añadiendo que ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Pues bien, en los días que lleva en el ejercicio de sus funciones el actual gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos muestra dos líneas de actuación muy marcadas. Es muy lento y, en ocasiones, claramente inactivo, en todas aquellas cuestiones que puedan afectar negativamente a su socio de coalición o a los partidos con los que tiene pactos investidura (de contenido secreto), como son los independentistas catalanes, los nacionalistas vascos y los filo-etarras de UH Bildu. Y, en cambio, se muestra sumamente activo cuando la cuestión es más ideológica que de otro tipo y afecta a algún partido de la oposición, especialmente si se trata de VOX.
Por ejemplo, en el diario ABC de hoy se publica la noticia de que “La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá acaba de interponer el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra las resoluciones de la Consejería de Educación y Cultura de la Región, es decir, contra el «pin parental»”. La petición fue acompañada de la solicitud con carácter de urgencia de la adopción de la medida cautelar consistente en la suspensión de las resoluciones recurridas.
Como es sabido, el llamado “pin parental”, introducido por VOX en la región de Murcia, consiste en la necesidad de que exista una autorización de los padres de los alumnos, para que éstos puedan participar en actividades organizadas por el centro educativo cuando tengan un contenido que afecte a cuestiones morales, sexuales o de conciencia.
Hay que alabar a todo Gobierno que actúe con celeridad. Lo que ocurre es que la rapidez debería ser una medida generalizada y no obedecer exclusivamente a cuestiones ideológicas. El Gobierno de la Nación por gestionar los intereses generales de todo el pueblo español no debe subordinarlos a sus intereses particulares partidistas. Cosa que hace cuando actúa con extraordinaria diligencia y presteza ante cuestiones como las del “pin parental” que ni afectan gravemente a los intereses generales ni mucho menos son urgentes, y que oliva cuando remolonea o deja de actuar ante cuestiones que sí afectan a los intereses generales, como son las que tienen que ver con la unidad de España, la soberanía del pueblo español en su conjunto, o la defensa de otros principios constitucionales.
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