Como sin duda recordarán perfectamente, el sábado 30 de junio del presente año se celebró la final de copa del Rey en el Nou Camp en el cual tuvo lugar una monumental pitada a los símbolos de España. Muchos ciudadanos españoles se preguntaron entonces cómo era posible que, a pesar de que se sabía lo que iba a ocurrir por haber sido anunciado anteriormente a bombo y platillo desde Cataluña y Euskadi, los órganos del Estado no habían logrado evitar aquel escarnio público.
Algo parecido a aquello es lo que está haciendo actualmente el señor Mas, quien viene jactándose, desde hace tiempo, que el triunfo de su lista “plebiscitaria” en las elecciones autonómicas del 27 de este mes, por mínimo que sea, será seguido de inmediato por una declaración unilateral de independencia de Cataluña.
Al igual que entonces, hoy estamos avisados por los secesionistas de que a partir del 27 de septiembre puede producirse un flagrante incumplimiento de la Constitución. Porque la declaración unilateral de independencia afectaría, de entrada, a la indisoluble unidad de la Nación española, a su indivisibilidad, y a la soberanía nacional del pueblo español. Se sabe, pues, lo que puede suceder y su alcance: sobre esto no cabe duda alguna.
Así las cosas, las reacciones políticas pueden ser de dos tipos: la de quienes defienden que de darse el caso los órganos del Estado deben responder con el silencio; es decir, simplemente no hacer nada; y la de aquellos que entienden que hay que defender la Constitución, dividiéndose estos últimos, a su vez, en dos grupos.
En efecto, hay quienes consideran que el texto actual de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979 posee mecanismos suficientes para reaccionar contra este desafío constitucional. Entienden los defensores de esta postura que la regulación actual (que sería la primera vez que se aplicaría a semejante provocación) es suficiente para responder a tan grave desafío. Regulación que consiste, conviene recordarlo, en el auxilio jurisdiccional al Tribunal Constitucional de carácter preferente y urgente por parte de los Juzgados y Tribunales y las multas coercitivas de 600 a 3.000 € para los que incumplan sus requerimientos. Esta es la postura que defienden los principales partidos de la oposición, encabezados por el PSOE.
Por el contrario, el Gobierno y el PP consideran que los mecanismos de defensa del orden constitucional vigente no son suficientes para responder con eficacia a tamaño desafío. Y por eso han presentado ante el Congreso una propuesta de reforma de la citada Ley Orgánica que prevé la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda hacer ejecutar sus propias resoluciones, pueda suspender de sus funciones a quienes las incumplan, y elevar la cuantía de las multas de 3.000 a 30.000 €.
Los partidos de la oposición acusan al gobierno de que las medidas son electoralistas y de que ha esperado hasta el último momento. Por mi parte considero que en una situación como ésta creo que es mejor que los órganos constitucionales cuenten con las medidas más eficaces para defender la Constitución que arriesgarse a que la regulación vigente resulte insuficiente. Porque de ser este el caso ya no habría vuelta atrás.
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