La palabra “indultario” existe en el Diccionario de la RAE y significa “individuo que, en virtud de indulto o gracia pontificia, podía conceder beneficios eclesiásticos”. Este significado es demasiado estrecho para expresar lo que quiero decir de Pedro Sánchez, por lo que me van a permitir que amplíe su significación y hable de “indultario político”.
Y es que Sánchez es un individuo que en virtud del cargo de Presidente del Gobierno puede conceder beneficios, que en su caso no son eclesiásticos, sino políticos: puede remitir total o parcialmente una pena judicial. Por otra parte, para ver hasta donde llegan los beneficios políticos que pretende conceder habrá que determinar si la gracia penitenciaria que va a conceder Sánchez no tiene causa alguna o si obedece a algo.
Pues bien, las recientes intervenciones de la Vicepresidente Calvo afirmando que el Gobierno puede hacer caso o no de los informes sobre el cumplimiento de los requisitos legales para la concesión del indulto a los independentistas que cumplen penas de prisión; y la opinión del Ministro Ábalos de que “el Gobierno tiene la obligación moral de aliviar tensiones que puedan dañar la convivencia”, son anuncios que van preparando el camino del próximo indulto que dará Pedro Sánchez a los secesionistas condenados.
Pero el indulto que se avecina no es en rigor una concesión gratuita. Tiene precio, como señaló ayer en su columna “Escrito en el aire” Juan Pablo Colmenarejo: representa el pago al que se obligó Pedro Sánchez para obtener el apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy y a los Presupuestos Generales del Estado recientemente aprobados.
El problema es que, en este caso, el pago del Gobierno de Sánchez no es inocuo, ya que, además de conllevar algún riesgo jurídico, podría tener un inevitable coste político. Y es que, como ha declarado Enrique López, secretario de Justicia e Interior del PP: «la ausencia de arrepentimiento por parte de los golpistas, no sólo es un acto ilegal por parte del gobierno, podría ser una auténtica prevaricación».
A pesar de lo que dice Carmen Calvo, en este caso no serviría la justificación de que hubo otros supuestos en los que Gobiernos anteriores del PSOE o del PP tomaron decisiones en contra de los Informes de preceptivos pero no vinculantes de órganos consultivos. En la más que probable concesión de los indultos a los condenados por sedición, no se dan, según los órganos informantes (vid. el Informe de los 4 Fiscales del Tribunal Supremo), los requisitos para la concesión del indulto.
Los condenados y posibles beneficiarios de la gracia, no solo no se han arrepentido de sus delitos, sino que ni siquiera han guardado un prudente silencio. Como si tuvieran cogido al gobierno por el cuello, se jactan de que van a seguir delinquiendo. En estas circunstancias el Gobierno tendrá que hacer juegos malabares para justificar el indulto. Y, aunque todo puede suceder, como es muy improbable que lo consiga, Pedro Sánchez habrá actuado como un verdadero “indultario político”.
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