La responsabilidad por la corrupción llevada a cabo por un partido político es, desde luego, de los militantes autores de las practicas corruptas. Y ello porque se trata, sobre todo, de una responsabilidad personal que alcanza a los que las realizan. Pero cuando se trata de una costumbre generalizada, cosa que supone la reiteración de la misma conducta y por un amplio número de personas, es difícil no responsabilizar al propio partido.
La dureza con la que se debe acusar la corrupción debe extremarse cuando la practica abusiva ha anidado durante mucho tiempo en un partido que presume de honradez, que acusa a los demás de ser corruptos, y se presenta, ante todos, con la superioridad moral inherente a todo partido de izquierdas.
Viene a cuento lo que antecede porque en el ABC de ayer se daba cuenta de que las 54 auditorías encargadas por el nuevo Gobierno andaluz han revelado que durante 37 años el PSOE de Andalucía puso en practica una red clientelar con una estructura de entes instrumentales y agencias públicas que hacían que un administrativo de la trama cobrara tres veces más por hacer el mismo trabajo que los regularmente contratados por la Junta.
Hasta ahora se intuía la existencia de esta red clientelar corrupta. Ahora existen pruebas y es de esperar que se pongan en manos de la justicia para que tanto las personas como el propio partido sufran las consecuencias de tal latrocinio. Y convendría que, desde ahora, el PSOE se abstuviese de tachar a algún otro partido de corrupto sin reconocer antes la podredumbre que enfanga a su sección de Andalucía. Es verdad que “mal de muchos consuelo de tontos”. Pero también lo es que para denunciar a otro partido como corrupto hay que tener las manos limpias. Y, desde ahora, el PSOE ya no las tiene.
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