La central nuclear de Garoña en Burgos no se abrirá más porque el Partido Popular no tiene apoyo parlamentario para defender su reapertura. Es así de sencillo y de fácil, no hay que darle más vueltas. Y es el precio que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene que pagar por gobernar en minoría, como así lo reconoció ayer el ministro de Energía, Álvaro Nadal.
El respaldo del PP a la energía nuclear, más barata para el bolsillo de todos los españoles, no es posible en este caso y las promesas de Rajoy para no cerrar estas instalaciones se las ha llevado el huracán de la ofensiva de toda la oposición.
No había manera de volver a reabrir una central nuclear que había dado vida a una comarca, que tendrá que buscar ahora alternativas para su supervivencia. Si el PP se hubiera empeñado, el PSOE habría llevado al Pleno una Proposición de Ley para obligarle a cerrarla, que hubiera sido apoyada por la mayoría del Congreso.
Pero al margen de la política hay algo más, la pugna empresarial entre Iberdrola y Endesa y el enfrentamiento de la primera con el Gobierno, por cuestiones que tienen mucho que ver con la política energética.
Está claro que el Gobierno ha tenido que claudicar, pero creo que tengo razones para afirmar que el Ejecutivo dará la batalla cuando llegue la hora de renovar la licencia de funcionamiento del resto de las las centrales nucleares que operan en España: la más inmediata, la de Almaraz.
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