Ya sucedió en la campaña de las elecciones generales de 2004, cuando violentos grupos radicales de izquierdas acosaban las sedes del PP, tras el atentado del 11M, alentados por un PSOE que aprovechó esta matanza para sacar réditos electorales.
Pues quince años después se repite la historia con estos actos vandálicos, porque no tienen otro nombre, y la campaña electoral se está desarrollando en medio del acoso a los partidos de centro derecha. Ahí tenemos el intento de callar a la diputada del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, en la Univesidad de Barcelona; al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en Rentería; o al líder de VOX, Santiago Abascal, en San Sebastián.
Y mientras se suceden los enfrentamiento, los insultos y las agresiones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recorre España subido en una ola de autocomplacencia sin dedicar un minuto a condenar estos ataques.
Como si no fuera con él esta situación que degrada la libertad y la democracia, Sánchez mira para otro lado arañando escaños, como consecuencia de la división de un centro derecha que le va a dejar vía libre para gobernar el país y, si se aplica lo que promete, llevarlo al desastre.
Sánchez tiene la obligación moral de, al menos, intentar que este país no se convierta en un territorio donde la libertad está amenazada. No todo vale para llegar a ser presidente del Gobierno y, precisamente en su condición de máximo representante del poder ejecutivo, tiene que salir, ¡YA!, a condenar las agresiones a los adversarios políticos y permiter que la campaña electoral se juegue en el mismo terreno de paz, libertad y respeto en el que él está jugando.
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