Rabia

«Por favor que no se transforme en rabia» eran las sabias palabras de Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el pescaíto. Unas palabras que te golpean por dentro y hacen que estallen lágrimas. Unas palabras que piensas si serías capaz de pronunciar en su lugar. Es más fácil odiar. Volver a Puerto Hurraco. Al ojo por ojo. Como las imágenes de los vecinos de Puebla de Vícar en cólera gritando «¡Asesina!», que revelan que la España negra del Caso sigue viva. La gente se agolpaba con el móvil en alto. Una vecina chillaba: «¡Te tienen que despellejar viva!». Y otros empujaban a la Guardia Civil para llegar al coche donde estaba la arrestada. Todo lo contrario a lo que la voz desgarrada de la madre suplicaba.

Las redes se han quedado atrapadas en el racismo, la xenofobia y la ira vomitando la rabia que la familia del pequeño no practica. Tampoco pronunciare el nombre de ella por el expreso deseo de Patricia. A todos nos revuelve mirar en bucle sus llantos y abrazos cuando sabía dónde estaba Gabriel. En un lugar en el que no se podía nadar. Doce días con sus doce noches interpretando el papel de la madrastra doliente en los paisajes desérticos de Níjar. Su impostura al querer cambiar a la criatura del pozo donde se hundía hizo estallar la burbuja que mantenía la esperanza de la familia.

¿Se puede legislar o derogar en caliente? Ese es el debate que se plantea este jueves en el Congreso donde se votará las enmiendas a la totalidad del PP y Ciudadanos contra la derogación de la prisión permanente revisable. Y una pregunta latente. ¿Se pueden reinsertar ciertos criminales? ¿José Bretón que preparó meticulosamente una hoguera para quemar los cuerpos de sus hijos de seis y dos años? Decía Aitor Esteban, portavoz del PNV, que «el sistema penal ya contempla 40 años de prisión». Y se preguntaba: «¿Qué se busca, justicia o venganza?». La realidad es que Bretón fue condenado a 40 años y finalmente la Audiencia de Córdoba fijó en 25 años el límite de cumplimiento de penas previsto en el artículo 76 del Código Penal.

O cuando escuchas el cinismo y la impunidad del Chicle, José Enrique Abuín, pillado cuando trataba de meter a otra chica en el maletero que podría haber terminado en el pozo negro de Diana Quer. Ya hizo sus cálculos de cuánto tiempo pasará entre rejas mientras aconseja a sus padres que pidan hasta 10.000 euros por entrevista. ¿No se deberían limitar los beneficios penitenciarios en delitos extremadamente graves? ¿Cumplir entera la condena?

Pienso en el asesino de Moraña, David Oubel, que cercenó el cuello de Amaia de cuatro años con una moto sierra y a Candela de nueve, quien llegó a forcejear con su padre para evitar el fatal desenlace. O en ese Miguel Carcaño que ha contado mil versiones de lo qué ocurrió la noche que mataron a Marta del Castillo. Y en cada ocasión señaló un lugar diferente dónde podría estar su cuerpo. ¿Sería un agravante? Sin olvidar a la pequeña Mari Luz, que no pudo llegar al kiosko a comprar chuches porque Santiago del Valle la estaba acechando.

Quizá lo sensato sería esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional antes de tumbar definitivamente la ley aprobada por el PP cuando tenía mayoría absoluta. Ni legislar ni derogar en caliente. Y contener la rabia como esa madre con el corazón en un mar de lágrimas pidiendo que recuerden a su pescaíto como ella siempre lo guardara en sus retinas.