Después de más de 9 años el caso Gürtel entra en una especie de recta final con movimientos de ajedrez que recuerdan sus principios. El Tribunal Supremo ha avalado las primeras condenas de Fitur en Valencia marcando la hoja de ruta de la Primera Época cuya sentencia está en capilla. Y en esas parece que el PSOE es quién ha tomado el relevo a través de Crespo Gomar en el papel de Orange Market. La trama descubierta en la Comunidad valenciana podría ser solo la punta del iceberg de la financiación ilegal socialista.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adjudicó contratos públicos a Crespo Gomar por parte de los ministerios de Sanidad y Vivienda, Acuamed o el ayuntamiento de Benidorm por algo más de 1,1 millones de euros. Hace unos días ABC publicaba que la empresa pública dependiente del ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE, no sólo contrató a Crespo Gomar, sino que entre 2007 y 2008 hubo otras 55 adjudicaciones de publicidad. Todas para promocionar el Programa AGUA y su producto estrella: desaladoras que todavía no estaban construidas.
El Ejecutivo del PSOE gastó dinero en propaganda de las desaladoras como si lo repartiera embotellado por la playa. Contando con el dinero donado «voluntariamente» por las constructoras de plantas, la empresa estatal se gastó más de 18 millones de euros durante dos años. Una cantidad muy llamativa si se comprueba que el gasto medio en publicidad cayó a los 200.000 euros a partir del 2010. El cerebro que diseñó el plan de comunicación, Joan Navarro, justificó ante el juez Eloy Velasco la campaña por el «inmenso lío» al estar la desalación «sometida a una gran presión política».
Esta documentación está dentro del caso Acuamed que investiga la Audiencia Nacional. La fiscal Inmaculada Violán recibió el primer informe de los agentes de la UCO con los datos de la campaña publicitaria del PSOE en enero de 2016 y el segundo en octubre de ese año cuando todavía el posible delito de financiación irregular no estaría prescrito. Ahora que se está investigando a Crespo Gomar como el epicentro de la presunta financiación ilegal del PSPV-PSOE y el Bloc, alguien debería de interesarse por tanto contrato en publicidad, propaganda y relaciones públicas durante dos años que se celebraron elecciones municipales, autonómicas y generales.
Y alguien le debería preguntar a Pedro Sánchez qué significa «apostar por las desaladoras» cuando la mitad de las plantas que promovió su actual presidenta están sin funcionar y supuso una inversión de 245 millones de euros.
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