Ucrania, ¿quiere Occidente abolir el derecho de propiedad?

NB: Una versión más breve de este artículo fue publicado anteriormente en El Economista con un título distinto.

Desde que el rey Juan de Inglaterra firmara, en 1215, la Carta Magna, tras años de luchas y de guerras civiles entre jefes tribales y déspotas, la nobleza feudal y los monarcas, el proceso de reconocimiento de los derechos y de las libertades de los hombres comenzó en el mundo.

Entre todos ellos, destacaron los derechos de propiedad a los que la mayoría de los 61 capítulos de aquellos Artículos de los Barones, como se le denominó a la Carta Magna originalmente y por muy poco tiempo, estaban dedicados.

Por ejemplo, el capítulo 39 estableció que “(N)ingún hombre libre será arrestado, ni detenido en prisión, ni privado de su dominio”, es decir, su propiedad.

Todas las revisiones y actualizaciones posteriores de la Carta Magna sirvieron para reforzar los derechos de los individuos, especialmente sus derechos a la propiedad.

En los siglos posteriores, los grandes filósofos de las libertades reforzaron el valor de dicho derecho:

• Sir Edward Coke (1552-1634), en su Petición de Derechos, otorgó al hombre común la capacidad de poseer derechos de propiedad privada protegidos legalmente,
• John Locke (1632-1704), en sus Dos tratados sobre el gobierno civil, definió con mayor precisión los derechos de propiedad de los hombres, que fueron copiados por los llamados Padres Fundadores de Estados Unidos (EE. UU.) en la Declaración de Independencia e incorporados a la Constitución del nuevo país y
• Sir William Blackstone (1723-1780), en sus Comentarios sobre las Leyes de Inglaterra, conceptualizó los derechos de propiedad como parte fundamental del Estado de Derecho, que fueron la base del derecho estadounidense.

El derecho a la propiedad está hoy reconocido en la mayoría de las constituciones del mundo.

Sin embargo, Canadá o Polonia parece que están inclinadas a comenzar el camino en la dirección contraria con la excusa de la guerra no declarada por EE. UU., junto a sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de la Unión Europea (UE), contra la Federación Rusa.

Desde el 24 de febrero de 2022, los gobiernos occidentales han fracasado en el intento de provocar el colapso de la economía rusa y su declaración internacional de insolvencia ante sus deudores internacionales, a pesar de:

• nueve olas de sanciones económicas, a las que se calificaron como un tsunami de sanciones,
• la fijación de precios máximos para el petróleo y para el gas o
• el bloqueo y la congelación de la transferencia a terceros de los activos financieros del Estado ruso que se encuentran en sus países -Alemania, Australia, Japón o Nueva Zelanda-, entre otras medidas.

Ante dicha realidad, Occidente se empecina en el bloqueo de esas propiedades rusas, aunque, todavía, continúen, no se sabe durante cuánto tiempo más, en manos de sus legítimos dueños.

Sin embargo, países como EE. UU., Canadá o Polonia, además, quieren dar un paso adicional para expropiarlas y para deshacerse de todas ellas con el objetivo de, posteriormente, enviar los beneficios de dichas ventas al gobierno de Ucrania.

La razón de fondo reside en el hecho de que EE. UU. y sus aliados quieren dejar de pagar la factura de cientos de millardos de dólares que le está costando a sus contribuyentes la guerra que han provocado en Ucrania.

El destino final real de parte de este flujo y reflujo de dinero será conocido, más pronto que tarde, en el caso de que estuviera siendo sometido a un proceso de lavado y de centrifugado similar al de porciones significativas del estocaje de armamento occidental que llega a Ucrania.

Esos sistemas de armas estarían ya, según líderes de fuerzas armadas, de servicios de Inteligencia y de policía occidentales -en concreto, franceses, finlandeses y españoles-, convenientemente revendidos, a través del mercado negro, a grupos del crimen organizado y del terrorismo internacionales.

La visita a Kiev, el pasado 22 de enero de 2023, ya como ex primer ministro del Reino Unido, de Boris Johnson -conocido en su país por el remoquete de BoJo, fruto de la fusión de las primeras sílabas de su nombre y de su apellido- ha dado mucho de qué hablar desde que se celebró.

Así ha sido, especialmente, después de que BoJo hubiera informado, en octubre de 2022, tras su dimisión forzada por su propio partido, de que se planteaba crear una organización de apoyo a Ucrania en su nueva carrera internacional.

No debería sorprender a nadie, por tanto, el que haya analistas internacionales que legítimamente estén preguntándose, en estas circunstancias, el porqué del empeño de líderes de la UE y de algunos de sus países miembros por continuar con este envío masivo de fondos a Ucrania.

Un año después del comienzo de la guerra provocada por EE. UU. en Ucrania, es difícil afirmar si el sacrosanto principio del derecho de propiedad, consagrado en la Carta Magna, como pilar de la prosperidad económica y del sistema liberal, sigue siendo una realidad o no es más que un mito.

Tres son los escenarios para intentar sortear las complejidades que estas ideas plantean y que se están considerando en algunos países occidentales:

• Mantener los activos rusos congelados, sin ser confiscados, y transferir sus rentabilidades a los gobernantes ucranianos.
• Confiscar activos de ciudadanos rusos, como sería el caso de Roman Abramovic, lo que se convertiría en una excusa magnífica para la propaganda de los gobiernos occidentales y ucraniano.
• Confiscar directamente activos del Estado ruso, lo que obligaría a muchos países occidentales, herederos de los principios filosóficos de la Carta Magna, a cambiar sus constituciones nacionales, motivo por el que se está retrasando la puesta en marcha de una medida de este calado.

Existen antecedentes a la decisión de la congelación de activos de otro país, ya que EE. UU. lo hizo con algunos japoneses, por su comportamiento agresivo en Indochina, durante los años 40 del siglo pasado.

Sin embargo, una resolución para la confiscación de propiedades de otra nación es un territorio desconocido en Occidente, sin precedentes jurídicos, que colocaría a quien la emprendiera ante la perspectiva de una batalla legal larga, al final de la cual tuviera que devolver los activos a su dueño original.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha prevenido contra las consecuencias de decisiones de esta naturaleza, que podrían provocar la ruptura del sistema monetario internacional y el final del dólar estadounidense como moneda de referencia mundial.

Una iniciativa de estas características generaría una reacción racional no sólo de Rusia, sino de otros inversores globales, ya sean chinos, indios o sudafricanos, que se verían empujados a invertir en mercados que les ofrecieran seguridad jurídica, lo que desestabilizaría la globalización económica mundial.

En definitiva, la erosión que se provocaría en el respeto a las reglas de los mercados financieros internacionales sería de tal calibre que se podría provocar el desmoronamiento, e, incluso, el colapso, de la economía mundial.

Nadie puede garantizar que la vanidad de políticos evanescentes -como Justin Trudeau- o la envidia de políticos resentidos socialmente -José Borrel escribió, el 23 de febrero de 2022, en su cuenta de Twitter, que, gracias a las sanciones de la UE, las consecuencias para los diputados del parlamento ruso serían “No más: compras en Milán, fiestas en Saint-Tropez, diamantes en Amberes. El primer paso.”- vayan a someterse fácilmente a consideraciones racionales tan poderosas como las del FMI y de otros analistas.