Es un hecho indiscutible que la Constitución Española de 1978 está en vigor. Su Disposición Final decía “Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado”. Lo cual tuvo lugar el 29 de diciembre de 1978. Si por “vigor” se entiende “fuerza de obligar en las leyes”, no cabe duda alguna de que nuestra Constitución obliga a los poderes públicos y a la ciudadanía desde el citado 29 de diciembre de 1978.
Son asimismo hechos indiscutibles los tres siguientes: en las últimas elecciones generales del pasado 10 de noviembre ningún partido obtuvo mayoría absoluta; el PSOE fue el que consiguió más escaños: 120; y el Rey propuso a Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia del Gobierno.
De acuerdo, pues, con la Constitución que está vigente y por la que nos regimos el candidato Pedro Sánchez tiene que exponer en los próximos días su programa político de Gobierno en el Congreso de los Diputados para ver si consigue la confianza y es nombrado Presidente del Gobierno. Salvo en los casos de mayoría absoluta, la confianza hay que ganársela, lo cual significa que no se obtiene sino después de arduas negociaciones en las que el candidato tiene que ofrecer las correspondientes contrapartidas políticas, económicas y sociales a cambio del apoyo de los parlamentarios.
Y en esas estamos. Sin embargo, sobre las negociaciones en curso se ciernen ciertos nubarrones que están ennegreciendo nuestro futuro político y son estas incertidumbres las que tiene desasosegada a una buena parte de la ciudadanía. Porque aunque es plenamente legal, no deje de ser por ello preocupante que, hasta ahora, la investidura se esté negociando con un partido político, como ERC, que, sirviéndose de las estructuras políticas de la Constitución: el ente territorial Comunidad Autónoma, declaró unilateralmente, a través de sus líderes, la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, proclamándola república independiente.
No debe extrañar, pues, que las negociaciones en curso estén arrojando sombras de desconfianza en una parte de la ciudadanía, la cual tiene fundadas sospechas de que el poder ejecutivo actual y el muy fraccionado Congreso de los Diputados puedan investir ala candidato a Presidente después de sortear nuestra vigente Constitución por una vía oblicua y rozando lo fraudulento. ¿Nos queda alguien que pueda impedir tal desatino si es que llegara a intentarse? ¿Puede esa parte de la ciudadanía ampararse en algún poder del Estado en el que pueda confiar?
El artículo 117 de la Constitución dispone que corresponde a los Tribunales administrar la justicia que emana del pueblo juzgando y ejercer la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. ¿Podemos, por tanto, confiar en el poder judicial? O dicho de otra manera, ¿será entonces el poder judicial el que impida que el poder ejecutivo con el apoyo del legislativo puedan bordear, cuando no vulnerar, la Constitución?
Hasta ahora ha sido así. Pero el poder político tienta ciertos jueces, como el diablo a Job, con todo tipo de prebendas, sobre todo en el ámbito de la promoción profesional, para conseguir que acaben haciendo la vista gorda, cuando no echándole directamente una mano, para que el resultado final sea que el candidato logre la investidura a cambio de contrapartidas que se harán pasar por conformes con la Constitución aunque haya muchas dudas de que realmente lo sean.
Vistos los tiempos de zozobra por los que está pasando una parte de la ciudadanía, ojalá que nadie pueda contar de ninguno de nuestros jueces lo que narró el genial Quevedo en su obra “El Sueño del Juicio Final”: “A mi lado izquierdo oí un ruido de alguno que nadaba y vi a un juez, que lo había sido, que estaba en medio del arroyo lavándose las manos, y esto hacía muchas veces. Lleguéme a preguntarle por qué se lavaba tanto; y díjome que en vida, sobre ciertos negocios, se las había untado, y que estaba porfiando allí por no parecer con ellas de aquella suerte delante de la universal residencia”.
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