La acepción 8 de la palabra cacao, según el diccionario de la RAE, es “desorden, confusión… en las ideas”, y pone la expresión “cacao mental” como ejemplo del uso en tal sentido. Pues bien, la intervención que tuvo ayer el representante de ERC, Joaquim Ayats, en la sesión de control al Gobierno en el senado es una muestra perfecta del cacao mental, me atrevería a decir incluso que es severo, que padecen no pocos independentistas.
Este senador afirmó: “La justicia está en entredicho entre la población, de hecho, en Catalunya lo está tanto que parte de la población ya no creemos en la justicia española“. Añadiendo: “Nos sentimos amenazados y no protegidos, no creemos en su imparcialidad y la consideramos una justicia con una cúpula absolutamente politizada y vinculada a la derecha española”.
Aunque no tiene por qué saberlo –no es jurista sino empleado de banca-, el senador Ayats confunde la justicia con la ley. La justicia es uno de los cuatro valores (los otros tres son la libertada, la igualdad y el pluralismo político) que el artículo 1.1 de la Constitución califica como “superiores” y, por tanto, es un principio cardinal de nuestro ordenamiento jurídico. Y es también, como dice el artículo 117.1 de la Constitución, lo que emana del pueblo y administran en nombre del Rey los jueces y magistrados sometidos al imperio de la ley.
La ley, en cambio, es la expresión de la voluntad popular y conforma nuestro Estado de Derecho, el cual garantiza la convivencia democrática, dentro del respeto a la Constitución y las leyes conforme a un orden económico y social justo.
Pues bien, ya se entienda en el sentido de valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, ya en el de que es lo que administran los jueces y tribunales, lo cierto es que con lo que parece que no están de acuerdo los independentistas es con la Constitución y con su Estatuto de Autonomía, y no con la justicia. Y es que la desconfianza en la justicia de la que habla Ayats no se debe a que los tribunales no apliquen la ley, sino justamente a lo contrario. Hay una parte del pueblo catalán que está desencantada de la justicia porque los tribunales someten a todos los catalanes (incluidos los independentistas) -lo mismo que a todos los demás españoles- al principio de igualdad en la aplicación de la ley.
Para ser más claro, y por emplear sus propias palabras, lo que está en entredicho en parte de Cataluña es que los jueces y tribunales hayan aplicado la Constitución y las leyes a los políticos independentistas. Y precisamente porque la han aplicado –o dicho de otro modo, porque ha funcionado la justicia- es por lo que no han podido consumar su golpe de Estado y declarar unilateralmente la República Independiente de Cataluña. Y eso hace que estén desconfiados y quejosos. ¡Qué cosas tiene la justicia española no permitirles que se independicen de España!
Por otra parte, si analizamos detenidamente sus declaraciones, Ayats viene a reconocer que la parte de la población a la que él se refiere está integrada por delincuentes. Y ello porque en un Estado de Derecho –e inisito España indiscutiblemente lo es- los únicos que están realmente “desprotegidos” y “amenazados” frente a la acción de la justicia son los que incumplen dolosamente la Ley, es decir, los delincuentes.
El único modo en que la parte de la población de Cataluña a la que se refiere el citado senador se sentiría, en cambio, protegida y no consideraría la justicia politizada sería que los tribunales hubieran consentido que los independentistas hubieran consumado su golpe de Estado jurídico, incumpliendo la Constitución y las leyes. Pero eso supondría dejar desprotegida a la gran mayoría del pueblo español, incluidos numerosísimos catalanes.
Hay veces, como ésta, en la que es mejor pensar bien lo que se dice, preguntar si uno se atreve a entrar en un mundo desconocido como es el Derecho, o simplemente callarse. Todo menos reconocer implícitamente, como ha hecho Ayats, que hay catalanes independentistas delincuentes que no creen en la justicia española.
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