Pocos temas hay más polémicos que la regulación del aborto, entre otras razones, porque en el criterio de cada uno de nosotros intervienen distintos factores, como las creencias religiosas, la ideología política y los grados de racionalidad o de apasionamiento. A esto hay que añadir que el aborto afecta al derecho fundamental a la vida y, como ha dicho nuestro Tribunal Constitucional (sentencia 53/1985) “la vida es un concepto indeterminado sobre el que se han dado respuestas plurívocas…en razón de las distintas perspectivas (genética, médica, teológica, etc.)”.
La cuestión es complejísima pero nada impide que en el reducido espacio de un blog nos plateemos si acierta o no el PP al elaborar una nueva ley cumpliendo con ello su compromiso electoral, pero sin esperar a que el Tribunal Constitucional dicte sentencia sobre la vigente Ley de plazos.
Es sabido que el PP es claramente contrario a la vigente ley, razón por la cual adoptó dos medidas contra ella. La primera fue recurrirla ante el Tribunal Constitucional y la segunda incluir en su programa electoral el compromiso de elaborar una nueva ley que no solo derogara la ley del PSOE, sino que contuviera una nueva regulación del aborto acorde con la defensa del derecho a la vida que es una de las coordenadas ideológicas del partido.
A mi modo de ver, ambas medidas pueden solaparse y generar más problemas que los que se tratan de resolver con la nueva ley. Desde un punto de vista jurídico, y más allá de los deseos particulares de cada partido político, hay un límite que no se puede rebasar: la ley que regule el aborto tiene que respetar la Constitución.
En su día, el Tribunal Constitucional tras un recurso de diversos Diputados del PP declaró en la citada sentencia 53/1985 que el texto del proyectado artículo 417 bis del Código Penal, propuesto por el PSOE, vulneraba el artículo 15 de la Constitución que reconoce el derecho a la vida.
Actualmente, el Tribunal Constitucional aún tiene que pronunciarse sobre la vigente Ley de Plazos del PSOE y mientras no conozcamos su decisión no se puede asegurar ni que la ley es constitucional ni lo contrario.
En estas circunstancias, tratar de aprobar en las Cortes Generales una nueva ley sin saber cuál va a ser la decisión del Tribunal Constitucional no me parece acertado. Entre otras razones, porque si se aprobara la ley del PP quedaría sin efecto el recurso ante este Tribunal por pérdida sobrevenida de objeto y nos quedaríamos sin conocer su criterio sobre la constitucionalidad de una ley de plazos. Y si, como parece, la nueva ley del PP no es del agrado del PSOE, este partido planteará un nuevo recurso de inconstitucionalidad y cuando vuelva a gobernar, solo o en coalición con otros, tratará de sustituirla por su ley de plazos. Se iniciaría así una dinámica de leyes y recursos de inconstitucionalidad que generaría una gran inseguridad.
Por eso, pienso que si ya fue un error incluir en el programa electoral del PP el compromiso de regular el aborto sin esperar al pronunciamiento el Tribunal Constitucional, cumplir dicho compromiso antes de ver qué dice el Tribunal Constitucional es otro nuevo error. Es verdad que aplazar la ley es incumplir un compromiso electoral. Pero, en mi humilde opinión, es preferible incumplirlo que caer en el error de elaborar la ley sin esperar la decisión del Tribunal Constitucional. Creo que convendría saber qué piensa este Tribunal sobre una Ley de Plazos. A lo mejor, dejaba resuelta la cuestión.
Otros temas