Cualquier persona que siga lejanamente los debates parlamentarios habrá podido observar que la actual oposición se enfrenta a la actuación del Gobierno de la Nación siguiendo tres líneas fundamentales. En muy pocas ocasiones, y aunque se debatan temas de los llamados de Estado, la oposición apoya la correspondiente propuesta del Gobierno. Afortunadamente, y en un tema tan capital como es el desafío secesionista del gobierno de la Generalidad, el PSOE se alineó con el PP en el rechazo a la consulta que pretenden celebrar. Pero lo ha hecho con matices: niega la posibilidad de que se haga la consulta, pero ofrece como solución una reforma constitucional sin precisar nada más.
La segunda línea es oponerse a todas las propuestas del gobierno, pero el mensaje que recibe la ciudadanía es más un “no” a lo que pretende el PP que una oferta alternativa. Es posible que después de su “brillante” paso por el Gobierno, el PSOE esté más preparado para decir simplemente que no, que para hacer contrapropuestas serias que pudieran ser valoradas por los ciudadanos. Es como si necesitaran un tiempo de desintoxicación política.
La tercera línea, y tal vez la más preocupante desde la perspectiva del juego democrático, son los anuncios del PSOE tan pronto como el Gobierno envía un proyecto de ley al congreso de los Diputados o se prueba una ley: pregona que cuando gobierne derogará inmediatamente la ley y que, mientras tanto, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Este anuncio me suscita algunas dudas: ¿respetan estos anuncios la votación mayoritaria del pueblo que llevó al PP al gobierno? Si en su día cumpliera su palabra ¿no sería entonces el PSOE una especie de inútil Penélope que, en lugar de gobernar, se dedicaría a “destejer” lo aprobado por el PP? ¿Cree la dirección actual del PSOE que los votantes van a dar la mayoría en las próximas elecciones a quienes solo proponen derogar lo aprobado por un gobierno legítimamente elegido por la mayoría de ese pueblo?
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