Creo que la aspiración que más arraigada está en los seres humanos se resume en el principio de igualdad. Según el Diccionario de la RAE, este principio reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en sus derechos y obligaciones. Y jurídicamente es un derecho constitucional que consagra el artículo 14 de la Constitución Española con las siguientes palabras: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón del nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Cuando en la aplicación de la ley el poder político hace prevalecer la discriminación y abandona el principio de igualdad debe respetar, al menos, las dos exigencias siguientes: transparencia y justificación. Es decir, de hacer públicos todos los datos que ha tenido en cuenta para optar por la discriminación en lugar de por la igualdad y justificar con la debida argumentación por qué los datos manejados conducen a ese abandono del principio de igualad.
Por eso, cuando en la adopción de una decisión no se desvela quién tomó la decisión, qué datos ha manejado y en qué razonamiento lógico se soporta, es lógico presumir que hubo arbitrariedad: la decisión obedeció a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley y la razón.
El exordio que antecede viene a cuento para sostener que todo parece indicar que en la decisión de que la comunicad de Madrid permanezca en la fase 0 hubo una aplicación arbitraria de la “ley”. Si el confinamiento impuesto por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, “por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, las razones para dejar a Madrid en la fase 0 tienen que referirse necesariamente a “la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”.
Ayer el pintoresco doctor Simón justificó (?) esta decisión en las tres razones siguientes: que Madrid ha empezado a mejorar hace muy pocos días su capacidad de detectar el virus en la atención primaria y necesita aún consolidarla; que un rebrote en la comunidad afectaría a toda España por su población y sus redes de transporte; y que la región es de los territorios que menos casos detecta sobre los que tiene.
Sin mirar esta justificación con ojos de malicia, suena a echar balones fuera. Si se reconoce que Madrid ha empezado a mejorar su capacidad de detectar el virus, la lógica induce a creer que progresará en esta línea en lugar de retroceder: lo que se aprende, lejos de olvidarse, tiende a perfeccionarse; Madrid no podrá dejar de tener la población y las redes de transporte que posee, por tanto mientras haya la posibilidad de un rebrote nunca podrá salir de la fase 0; y detectar mejor o peor los casos se vuelve irrelevante si el conjunto de la región está suficientemente dotada para responder a los que surjan y sobre esto no hay la más mínima duda.
Por eso, coincido con la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en que la negativa para que Madrid pase a la Fase 1 da la impresión de ser “un ataque político a la Comunidad de Madrid”. La animo a que solicite de manera formal y por escrito al Ministerio de Sanidad que exponga motivadamente los criterios objetivos que llevan a que se deniegue nuevamente el acceso de la Comunidad de Madrid a la siguiente fase. Y que si no lo recibe o comprueba que se ha perjudicado deliberadamente a los madrileños, que ejercite todas las medidas legales que tenga a su alcance para defender los derechos de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
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