Los sindicatos desempeñan un papel esencial en nuestro Estado democrático, ya que, según el Título Preliminar de la Constitución, contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores. Hasta tal punto son importantes que sindicarse libremente es un derecho fundamental de todos los asalariados que gozan, además, de la libertad de afiliarse al sindicato de su elección.
Todo aquel que respete la Constitución no puede, pues, poner en duda la necesidad institucional de los sindicatos, ni menospreciar el importante papel económico y social que desempeñan, ni, finalmente, conceder menos importancia al derecho a sindicarse que a los demás derechos fundamentales y libertades públicas que reconoce nuestra Norma Fundamental.
Pero una cosa es el sindicato como institución y otro muy distinta el modo en que vienen actuando desde hace algunos años sus máximos representantes. Está bastante extendida la opinión de que los actuales líderes sindicales vienen defendiendo desde hace tiempo sus privilegios personales e institucionales por encima de los intereses de los que trabajadores a los que representan.
Habrá quien considere que cualquier reproche a los representantes sindicales supone una crítica a los sindicatos mismos que debe ser rechazada sin más porque proviene indefectiblemente de los aledaños de sus supuestos adversarios que son los empresarios y los políticos de la derecha.
El que así piense -y lo digo con el máximo respeto- creo que se equivoca. El solo hecho de que se esté poniendo en duda si está siendo acertada o no la actuación de los líderes sindicales debería llevarles a reflexionar sobre si están cumpliendo la reseñada misión que les asigna la Constitución.
Y es que las cosas han cambiado tanto desde la aprobación de la Constitución que hay que empezar por replantearse cuál es el verdadero ámbito de la representación de los sindicatos Es verdad que nuestra Carta Magna habla específicamente de sindicatos de «trabajadores» y que trabajador es, en principio, quien tiene ocupación remunerada por su empleador. Pero también lo es que hoy en España hay más de tres millones setecientas mil personas que están buscando empleo, cuyos intereses no pueden quedar desprotegidos. Los líderes sindicales deberían, por tanto, hacer una nuevo mapa de los intereses que tienen que defender superada ya la mitad de la segunda década del siglo XXI y en la que el imparable avance de la tecnología está modificando sensiblemente el panorama laboral.
Los sindicatos, como los partidos políticos, se han burocratizado, son más aparatos de poder que organizaciones al servicio de los ciudadanos. Por eso, a cada nueva cifra de desempleo, no deberían reiterar, como si fueran un disco rayado, que debe haber más empleo, de mayor calidad y definitivo en lugar de estacional. ¡Pues claro! ¿Y quién lo crea? ¿Contribuyen los sindicatos a mejorar la deteriorada imagen de los empleadores para fomentar la creación de puestos de trabajo?
La Constitución es una norma en blanco y son los propios sindicatos los que tienen que definir sus funciones, poniendo al día el repertorio de intereses económicos y sociales que deben defender y promover. Mientras no lo hagan sus actuaciones serán cada vez más pintorescas, sonarán a viejo, y contribuirán a que la sociedad los siga viendo como meros representantes de intereses anacrónicos y obsoletos desconectados de la realidad social de nuestros días.
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