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Blogs Puentes de Palabras por José Manuel Otero Lastres

Inoportunidad política e igualdad ante la ley

José Manuel Otero Lastres el

Hay quien sostiene que aplicar la ley a Artur Mas y a los secesionistas puede llegar a ser “inoportuno”. Recuerdo en este sentido el editorial de EL PAIS del 30 de septiembre de este año, titulado “Torpeza tras torpeza” en el que comentando la citación del Presidente en funciones para declarar ante el TSJC como imputado por la farsa del referéndum del 9 de noviembre pasado, se decía textualmente “Las razones de inoportunidad son evidentes”.

Hacer una afirmación como la que antecede supone admitir una posición de primacía de la Política sobre la Justicia que no solo no consagra nuestra Constitución, sino que sería contraria a uno de los principios básicos de toda democracia como es el de “igualdad” ante la Ley.

En efecto, el esencial artículo 14 de nuestra Constitución establece que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Pues bien, a nadie se le ocurre criticar la decisión judicial de llamar a declarar a un ciudadano normal imputado cuando el juzgado o tribunal lo considera pertinente. Todo ciudadano de los que pertenecemos al olvido del motón, que sea citado como imputado, debe comparecer asistido de letrado para responder ante el juez acerca de las cuestiones que tenga a bien preguntarle. Y, salvo que el juez acceda a un cambio de fecha por circunstancias particulares específicas del imputado plenamente justificadas, tiene que acudir a declarar sin que pueda alegar que ese día le resulta inoportuno.

El principio de igualdad de trato ante la ley exige la aplicación de idéntico criterio aunque que el citado sea un político, incluido el Presidente en funciones de una Comunidad Autónoma. Nada justificaría, salvo lo que expresamente excepcione la ley (como por ejemplo las previsiones por razón el aforamiento), que se le diera a un político un trato diferente debido a motivaciones de pura conveniencia política.

Pues bien, todo parece indicar que vamos a entrar en una época de manifiestos incumplimientos de la legalidad vigente por parte de los políticos secesionistas catalanes. Y ante acciones de este tipo podrán caber también “reacciones” de tipo político, pero la que nunca podrá faltar es la de los órganos de la Justicia en exigencia del escrupuloso cumplimiento de la Ley.

De lo contrario no solo se haría saltar por los aires el indicado principio de igualdad, sino que se admitiría implícitamente que la Política está por encima de la Justicia y que –en ese caso sí- habría una “casta” de ciudadanos a los que por razón de su actividad, la política, se les permitiría saltarse la Ley a la torera.

Por eso, me permito desde esta modesta tribuna, de una parte, reclamar a los órganos del Estado que hagan valer con todo su peso el Estado de Derecho consagrado en nuestra Constitución y, de otra, que eviten caer en la trampa de decir que la “mayoría” de los votantes de Cataluña se pronunciaron en contra de la independencia, porque –y esto es fundamental- el voto de los catalanes no es relevante para declarar la independencia dado que la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto.     

 

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