La Disposición Final de la Constitución estableció que nuestra Carta Magna entraría en vigor el mismo día que se publicase en el Boletín Oficial del Estado, lo que tuvo lugar el de 29 de diciembre de 1978. Desde ese día, su artículo 9.1 dispone con absoluta claridad que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y el artículo 14 señala que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento.
De lo que antecede resulta que desde la entrada en vigor de la Constitución todos los ciudadanos españoles, incluidos los nacidos en Cataluña ya que no pueda discriminarse por razón de nacimiento, están sometidos al imperio de la Constitución y las leyes. Y resulta también que el ordenamiento jurídico obliga a los Jueces y Magistrados a administrar la justicia.
Si lo expuesto es así -y no se dude de que lo es- no debe sorprender que el juzgado número 13 de Barcelona haya procesado a una treintena de altos cargos del Govern entre los que se encuentran los máximos responsables de TV3 y de Catalunya Ràdio y su propia cúpula de Comunicación, como el secretario de difusión, el director general de comunicación, y el secretario general de Presidencia, entre otros, por haber participado presuntamente en la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña.
Como era de esperar, el presidente Torra, tal vez con un sentido exagerado de impunidad por haber llevado a Sánchez a La Moncloa, efectuó una insólita declaración institucional, y aseguró que el auto del juez “consolida el estado de excepción judicial al que se quiere someter a una determinada ideología política y proyecto político democrático y pacífico como es el de la independencia de Cataluña”, añadiendo que se trata de “una ofensiva más, una escalada en la persecución” del soberanismo.
Seguramente, cuando empezó el “procés”, Puigdemont y sus secuaces se sintieron con la fuerza política suficiente como para lanzar el desafío del Govern al Estado social y democrático de Derecho que es España. Fortaleza que creyeron que había aumentado sensiblemente cuando “orquestaron” la moción de censura que llevó a Sánchez, el de las “fáciles tragaderas”, a la Presidencia de España. Yes que las contrapartidas que ofreció el líder socialista a cambio del apoyo a la moción de censura maniataron al Gobierno de España y dejaron prácticamente indefenso al poder ejecutivo frente a la “rebelión” de los golpistas.
Con lo que no contaron –y ese ha sido sin duda el gran fallo del “procés” que lo llevó al fracaso- fue con la decisión y el coraje de nuestros Jueces y Tribunales para hacer frente a los que líderes del golpe de Estado jurídico. Y ese mal calculado pulso que le echaron a las leyes, a las reglas de la democracia y, sobre todo, a los jueces les está pasando factura: todos los responsables del “procés” se las están viendo ante los Tribunales y todo parece indicar que van a ser condenados con penas de prisión e inhabilitación para el desempeño de cargos públicos.
Por eso, si de todos es sabido que la Corona nos salvó del golpe de Estado militar del 23 de febrero de 1981, actualmente hay que reconocer, que otro Poder del Estado, el Judicial, integrado por nuestros Jueces y Tribunales, es el que, mediante una aplicación ejemplar y no exenta de dificultades políticas causadas por el maniatado Gobierno (recuérdese la presión a la Abogacía del Estado para que no acusara por rebelión), ha hecho fracasar el golpe de Estado jurídico que implicó la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña.
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