El hecho de que cada mes se publique la cifra del paro puede producir el efecto indeseado de que los ciudadanos veamos un simple dato estadístico donde hay, sin duda, una multitud de dramas personales. Los medios de comunicación se hicieron eco hoy de los datos de la Encuesta de Población activa que revela que de julio a septiembre la cifra de parados se redujo en 195.200 personas. Lo cual situado la cifra del paro total en 5.427.700, una tasa del desempleo del 23,67%.
No hay que prestar mucha atención para darse cuenta de que los políticos y sindicalistas encargados de valorar estas cifras lo hacen desde una óptica puramente numérica: si subió o bajó en relación con el mismo mes del año anterior, o si la tendencia es positiva o negativa en relación con el período anual precedente. Es su función, y no quiero caer en la afirmación demagógica de que pueden efectuar tan fríamente dichas consideraciones porque ellos mismos no son uno de esos ciudadanos que ha perdido su empleo.
Sin embargo, a poco que se medite sobre el asunto se comprobará que detrás de cada una de las personas que no tienen empleo hay un drama personal. La seguridad que existía mientras se conservaba el trabajo de percibir una remuneración fija al final de mes, se convierte, cuando menos, en una doble incertidumbre: si se va a conseguir o no un nuevo empleo y hasta cuándo podrá soportarse la nueva situación de no contar con ingresos mensuales.
A esta conmoción individual de cada nuevo parado hay que añadir la de todos los que están en su entorno. En primer lugar, la de los que dependían directa o indirectamente de sus ingresos. Y no solo por el indudable menoscabo de sus ingresos y la incertidumbre que rodea a su hipotética recuperación, sino también por el grado de contagio que puede provocar el sufrimiento personal del desempleado entre sus allegados. Desde que se entra en la indeseable condición de parado se sabe con certeza lo que se ha perdido: el trabajo y la remuneración; se adivinan las consecuencias económicas: aumento de las dificultades para poder satisfacer dignamente las necesidades vitales; y se desconoce por completo si se volverá a encontrar trabajo. De una situación de aparente normalidad se pasa así inevitablemente a otra de deterioro económico y personal que afecta al implicado y a los que conviven con él.
Las nefastas consecuencias que se esconden tras cada vida que engrosa esas cifras se extienden inevitablemente a los que trabajan con cada despedido: el temor a ser el próximo se vuelve paralizante y acaba por ennegrecer y tornar en amenazante la atmósfera en la que se desenvolvían hasta entonces. En este drama que nos está tocando vivir creo que a más de uno le podría provocar una sonrisa sarcástica saber que el artículo 35 de nuestra Constitución dice textualmente que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo”.
Pero si lo que antecede es cierto también lo es que cada persona que encuentra empleo representa justo lo contrario: aumenta la autoestima, mejora la situación económica personal y familiar del nuevo “empleado” y, en definitiva, la del entorno de los que lo buscan. Pero eso, hay que acoger las nuevas cifras como lo que son: hay 195.200 personas más que tienen la fortuna de poder ejercitar su derecho constitucional al trabajo. Más que de cifras hablamos de personas. Y si es verdad que no hay que sacar pecho mientras no se reduzca drásticamente el número de parados, también lo es que no hay por qué no alegrarse de las tendencias y la actual es la de que crece el número de personas que tienen empleo.
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