Supongo que la gran mayoría de los lectores estarán al tanto del conflicto entre la Junta Electoral Central y el gobierno de la Generalitat que preside Torra. El último episodio, a día de hoy, es que los independentistas en la pancarta que cuelga del balcón de la Generalitat han sustituido los lazos amarillos por otros blancos cruzados por una raya roja. Más allá del severo reproche que merece esta burla, a mi juicio, infantil, que se inscribe en la rebeldía del gobierno independentista de la Generalitat contra el Estado Central, cabe preguntarse si no habremos diseñado en la Constitución de 1978 un Estado social y democrático de Derecho que carece de los instrumentos necesarios para poner fin a la constante rebeldía de los independentistas catalanes contra España.
Les adelanto que en la Constitución hay suficientes mecanismo para evitar que el pueblo español sea hostigado, un día sí y otro también, por Torra y los suyos, quienes junto las estrategias de defensa jurídica de los acusados en el juicio que se sigue ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, están haciendo todo lo posible porque pierda la paciencia el sufrido pueblo español que está soportando sin alterarse el desafío al que lo están sometiendo los independentistas catalanes.
Por ceñirme a lo más sustancial, comienzo por recordar que, en su Preámbulo, la Constitución proclama la voluntad de la Nación española de garantizar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proclamación programática que se concreta en el artículo 117 que dispone que corresponde al poder judicial administrar la justicia, ejerciendo la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.
Además de encomendar a los jueces y magistrados la aplicación de la ley y asegurar con ello su cumplimento, la propia Constitución contiene otros dos preceptos que tienen por finalidad esencial, uno, obligar a que las Comunidades Autónomas cumplan sus obligaciones (el famoso artículo 155); y, el otro, confiar a las Fuerzas Armadas la defensa de la integridad territorial y el ordenamiento constitucional (el artículo 8). Por otro lado, las personas que ocupan los cargos públicos al tomar posesión de los mismos se comprometen (mediante juramento o promesa) a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las layes.
Pues bien, si la Constitución contiene suficientes mecanismos de defensa para acabar de una vez con el hastioso desafío de los rebeldes independentistas y los cargos públicos se componente a cumplirla, ¿qué es entonces lo que falla? No hace falta ser muy despierto para adivinarlo: fallan los políticos que por razones de toda índole no se atreven, o simplemente no quieren, exigir a los rebeldes catalanes el cumplimiento de la Constitución y las leyes.
Supongo que el pueblo español tendrá la sagacidad de valorar qué circunstancias envalentonan a los independentistas y cuáles los intimidan. No se puede negar, porque lo acabamos de vivir, que cuando tienen fuerza suficiente para determinar el gobierno de España y hasta mantenerlo en el poder, en su acción política gozan de una situación en la que el poder ejecutivo hace la “vista gorda” y se ve obligado a soportar actuaciones de los rebeldes independentistas que atacan nuestra dignidad nacional. El ejemplo de la retirada de los lazos es el último, pero por desgracia no el único.
Por eso, deseo fervientemente que, tras las elecciones del 28 de abril, la designación del próximo presidente del Gobierno de España no dependa de los votos de los independentistas catalanes. Porque si no aprovechamos la oportunidad que se nos brinda de acabar con este desafío permanente del independentismo catalán, no me quedará más remedio que admitir que somos masoquistas: tenemos complacencia en sentirnos humillados o maltratados. Y que conste que el objetivo de no depender en la investidura del próximo presidente del gobierno de España del voto de los independentistas no tiene que ver tanto con los votos que reciban ellos (que tendrán más o menos los mismos de anteriores legislaturas), cuanto con los que cosechen los partidos nacionales y del reparto de escaños.
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