Si hay dos palabras incompatibles son democracia y corrupción. Cuando, como nos sucede a nosotros, la soberanía de una nación reside en el pueblo, los políticos, que son quienes lo representan, tienen el alto honor y, a la vez, la honrosa responsabilidad de dedicarse al servicio de los ciudadanos y a la defensa de sus intereses. Esta importante misión supone, en sí misma, una parte de la retribución de los políticos, que se inserta en la línea de lo moral más que en la económica.
Es verdad que la actividad política tiene que ser también remunerada con dinero. Y lo es también que, comparadas con algunas retribuciones del sector privado, las percepciones económicas de los políticos no son muy elevadas. Pero esto no justifica en modo alguno que los que se dedican a la actividad política traten de completar su salario por la vía de la corrupción.
La política no es una actividad obligatoria. Se sabe perfectamente lo que es y cuánto se puede cobrar en ella. El que quiera dedicarse a representar a los ciudadanos tiene que ser plenamente consciente de que debe gestionar con la debida diligencia y la más alta transparencia los recursos de sus representados. Y recibir a cambio, como contraprestación económica, lo que está legalmente previsto. El hecho mismo de servir a los intereses generales de los ciudadanos es un privilegio y un honor que completa moralmente la retribución en dinero, privilegios y poder que recibe el que se dedica a la política.
Por lo que antecede, el mayor envilecimiento de la política es abusar de la relación de representación y gestionar los asuntos del pueblo en beneficio propio, enriqueciéndose personalmente con los recursos de todos, que, como tales, deben ser destinados a la satisfacción de los intereses generales.
Es verdad que no todos los políticos se corrompen, pero en los últimos tiempos están saliendo a la luz tanto casos de corrupción que no es extraño que en el último Barómetro del CIS, de abril de 2014 figure la corrupción y el fraude como la segunda de las preocupaciones de los españoles, por detrás del paro.
Y es que casos como el de Bárcenas, los ERES, los fraudes en los cursos de formación, el enriquecimiento de los descendientes de Jordi Pujol, por citar solo algunos, son de todo punto inadmisibles y están levantando el clamor popular de “¡ya está bien de saquearnos!
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